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Informe "Safe house" sobre la situación de los objetores de conciencia, huidos del servicio militar y desertores del último conflicto en Yugoslavia

No.1 (julio de 1999)
Este es un informe preliminar elaborado a partir de datos recopilados en el proyecto "Safe house" (casa segura). A medida que se recojan más datos se elaborarán nuevos informes y análisis. Damos la bienvenida a cualquier aportación al respecto.
(Si se desea un análisis legal de las regulaciones específicas referidas a las obligaciones de los llamados a filas en un estado de guerra o de riesgo inminente de guerra, por favor pídanoslo).

Procedimientos penales en Yugoslavia

En este momento, según estimaciones del oficial retirado Tihomir Stojanovic, antiguo jefe del Departamento Legal del Mando Supremo, hay 23000 acusaciones por delitos cometidos durante la intervención de la OTAN en la guerra de Kosovo. Los casos se refieren predominantemente a delitos comprendidos en el capítulo 20 del Código Penal de la RF de Yugoslavia. El cargo más frecuente es el de "no responder al llamamiento a filas y evitar el servicio militar"; algunos están acusados de "escapar del ejército", "rehuir las obligaciones militares por mentira o mutilación" y "no cumplimiento del deber durante el combate". Es importante llamar la atención sobre el artículo 226 del Código Penal que incrementa considerablemente la duración de las penas de prisión durante el estado de guerra.

Según otras fuentes fidedignas se encuentran en prisión unos cientos de objetores, huidos del servicio militar y desertores y hay más de 12000 acusaciones abiertas en los tribunales militares. La mayor parte de los objetores y desertores encarcelados se encuentran en las prisiones de Zabela-Pozarevac, Sremska Mitrovica y Nis. La pena más frecuente es de cinco años de cárcel.

Goran Zizic de Leskovac (sur de Serbia) realizó su servicio militar hace varios años. Más tarde adoptó convicciones religiosas y profundamente pacifistas. Cuando fue convocado tras la intervención de la OTAN pidió realizar su servicio para fines civiles y en ropa civil. El tribunal de guerra le condenó a dos años en un procedimiento rápido. Actualmente se encuentra en la prisión de Nis. Sólo se permite la visita de su madre.

N. Vukadinov de Zrenjanin realizó su servicio militar. Hace seis meses se integró en la comunidad nazarena de Vojvodina, famosa por su tradicional y arraigado pacifismo que le ha valido persecuciones de más de dos siglos. Al ser llamado sólo pidió que se le eximiera de llevar pistola. El tribunal militar de Novi Sad le condenó a cinco años de cárcel Se encuentra encarcelado en Sremska Mitrovica donde sólo puede recibir visitas de sus familiares.

En la base militar de Karadjordjevo había catorce objetores antes de la escalada de la guerra en marzo. Doce eran nazarenos o testigos de Jehová y dos no declararon convicciones religiosas. Estaban trabajando en tareas "no-militares" pero dentro de instalaciones militares y al servicio del ejército (trabajos agrícolas). Entonces se les ordenó que debían realizar trabajos militares. Un testigo de Jehová rehusó y fue inmediatamente condenado a cinco años.

El Partido Demócrata ha anunciado que un alto cargo del partido, que es a la vez miembro de la ejecutiva, director de su centro de comunicaciones y miembro de la asamblea de la ciudad de Belgrado, Goran Vesic, fue condenado a dos años de cárcel por el tribunal militar en Uzice por no "responder al llamamiento". Según la sentencia, funcionarios militares intentaron entregar el llamamiento de Vesic en la casa de sus padres en Kraljevo, aunque lleva once años viviendo en Belgrado. Durante el tiempo que Vesic presuntamente "no respondió al llamamiento y se escondió" asistió a las sesiones ordinarias de la asamblea de Belgrado y acudió cada día a su despacho en el Partido Demócrata, haciendo declaraciones públicas a los medios nacionales e internacionales. Dado que su condena tiene un inequívoco trasfondo político, Vesic y su partido decidieron no cumplirla y huyó a Montenegro.

Según ha aparecido en todos los medios internacionales, Zoran Djindjic, presidente del Partido Demócrata, fue también inculpado en el tribunal militar de Belgrado por "rehuir el servicio militar durante el bombardeo de la OTAN". Todavía no se ha dictado sentencia pero Djindjic asistió al juicio, en la idea de que obtendría apoyo internacional y no sería encarcelado con la misma facilidad que otros ciudadanos de Yugoslavia.

La situación en Hungría

La mayor parte de los desertores y evadidos del reclutamiento que llegaron a Hungría antes del cierre de la frontera para varones de entre 18 y 60 años (el 29 de marzo) o a través del campo tienen miedo a ser detenidos a su vuelta. Por restricciones de visado no pueden dirigirse a ningún país de la Unión Europea. Si no solicitaron en su momento el estatuto de refugiados, sus permisos de turistas han caducado o lo harán en breve. Algunos van a Rumania y vuelven a entrar para evitar esa situación. Muchos de ellos están desesperados a la espera de una solución menos provisional: una amnistía u otras garantías que les permitieran retornar a casa o les dieran la posibilidad de dirigirse a un tercer país y recibir un estatuto especial. Cerca de un millar de personas de Yugoslavia se encuentran todavía en campos de refugiados en Hungría. Según estimaciones de los visitantes más de la tercera parte son desertores. Las condiciones del campo son casi carcelarias: de 6 a 16 personas en una habitación, con una libertad de movimientos muy restringida y una espesa atmósfera.

Mientras duró el bombardeo todos los ciudadanos yugoslavos tenían derecho a estar en los campos si no disponían de otra alternativa, pero ese derecho ha sido anulado con posterioridad. Hay también un número no determinado de ciudadanos yugoslavos en prisión, algunos acusados de pasar la frontera de manera ilegal. Nos tememos que algunos de ellos sean huidos del llamamiento a filas o desertores.

Según una declaración del Comité de Abogados Yugoslavos para los Derechos Humanos de 24 de junio, la situación de quienes salieron del país se ve aún más agravada por la cláusula de la ley marcial que exigía notificar cualquier cambio de residencia. Esta cláusula permite a las autoridades militares presentar cargos contra cualquiera que haya estado en el extranjero durante el estado de guerra y no se haya registrado como conscripto en la embajada yugoslava más próxima. En consecuencia el regreso no es seguro mientras no se apruebe una ley de amnistía en Yugoslavia. Hasta el momento las autoridades yugoslavas no muestran ningún signo de disponibilidad en tal dirección, ni tampoco existe una demanda o presión internacional para resolver esta situación.

Mantendremos el compromiso de elevar nuestras voces en favor del reconocimiento del derecho humano elemental de renunciar a matar y de pedir protección para quienes se han negado a matar.

31 de julio 1999
Proyecto "Safe house"