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Falsa RSC contra la financiación de armas

Jordi Calvo Rufanges

La postura neoliberal, encarnada por Milton Friedman y Friedrich A. Hayek, proclama que las empresas tienen la función de producir de manera que se consiga el máximo beneficio, que tiene como única obligación con la sociedad el cumplimiento de las leyes, lo que se traduce principalmente en el pago de impuestos. El objetivo de la empresa es dar el máximo rendimiento a sus accionistas (shareholders), siendo su única obligación con la sociedad la de asignar eficientemente los recursos económicos de manera que la empresa consiga el mayor beneficio a largo plazo.

Por su parte, el enfoque de responsabilidad social considera que la empresa es beneficiaria del desarrollo social e institucional, por lo que debe contribuir a la sostenibilidad del mismo, no solo desde un punto de vista económico, sino también social y medioambiental. Desde este punto de vista, la empresa mantiene relaciones con el conjunto de la sociedad, no solo con sus accionistas, de tal modo que también rinde cuentas a los grupos de interés de su entorno (stakeholders). En el modelo económico actual, los efectos de las externalidades (aquellos efectos negativos desde un punto de vista social y/o ambiental que genere en su entorno la actividad económica de una empresa) son mucho más imprevisibles y de mayor alcance cuantitativo. Las actuaciones de las empresas son vigiladas por organizaciones y observatorios de consumidores, activistas y defensores de los derechos humanos. Las empresas lo saben y realizan su mapa de grupos de interés, conformado por quienes pueden verse afectados negativa o positivamente por su actividad, así como incorporan en sus grupos de interés a quienes pueden tener un efecto también positivo o negativo sobre su actividad, su imagen o reputación.

En este marco surge la RSC (Responsabilidad Social Corporativa), de la que es necesario hacer un análisis más amplio de las prácticas de quienes dicen aplicarla, para comprobar que aún queda mucho trecho para que las empresas y, en concreto, las entidades financieras, sean socialmente responsables. Sirva de ejemplo la controversia que pueden generar sus vinculaciones con el negocio de las armas, cuyas externalidades son evidentes. Frente a la controversia generada en los últimos años con respecto a las inversiones de las entidades financieras en el negocio armamentístico, muchos bancos han desarrollado una política propia de control de sus relaciones con este sector. Deutsche Bank dice garantizar que no están involucrados en las transacciones relativas a la venta o compra de minas antipersonal, bombas de racimo, atómicas, biológicas y químicas, aunque aducen a una auditoría especial de la alta dirección para estos casos. Barclays afirma no financiar el comercio de las armas nucleares, químicas, biológicas o de otro tipo de destrucción y prohíbe explícitamente la financiación del comercio de minas anti-personales. ING dice regirse por la aplicación de las leyes y reglamentos y por la certificación de exportación de algunos países occidentales. Este banco afirma aplicar criterios estrictos para las empresas que participan directamente en la fabricación y comercio de minas antipersonal, bombas de racimo, municiones de uranio empobrecido, y armas biológicas, químicas o nucleares. BNP PARIBAS se comprometió a no invertir a nombre propio en el capital de las empresas productoras de minas antipersonal y bombas de racimo, ni a financiar a las empresas que las fabrican ni a mantener activos relacionados con su fabricación. Por su parte, HSBC dice no proporcionar las instalaciones y otras formas de ayuda financiera, incluida su participación en los mercados de deuda y funciones de asesoramiento, a las empresas que participan en la producción de armas químicas. Rabobank se obliga a abstenerse de financiar a las que denomina armas polémicas: las bombas de racimo, minas terrestres, armas nucleares y armas biológicas o químicas. Intesa SanPaolo emitió una política que prevé la prohibición de operaciones financieras relativas a la comercialización y fabricación de armas y sus componentes de, aunque deja abierta la puerta a hacerlo con la autorización del Director General. WESTLB opta por no financiar las transacciones comerciales relacionadas con las armas y equipo militar si su producción y comercio violan el derecho nacional o internacional, incluyendo el código de conducta de EU sobre exportación de armas. A lo que añade la prohibición total cuando se trate de minas terrestres y municiones perdidas. Banco Santander dice no financiar la fabricación o distribución de armas nucleares, minas antipersonal o bombas clúster. BBVA asegura cumplir con los principios del Código de Conducta de la UE y rechaza la financiación de operaciones relacionadas con minas antipersonal, bombas de racimo y armas de destrucción masiva y prohíbe la financiación de exportaciones de armas a países denunciados por la ONU/UE en materia de derechos humanos. ABN AMRO afirma no invertir o financiar “armas polémicas” cómo las minas antipersonal, las municiones de racimo, las armas nucleares o los componentes de estas armas.

Las políticas de estos bancos muestran que prestan especial atención a las armas más controvertidas (con peor imagen social) y que limitan sus prohibiciones a casos concretos de financiación. Hacen mención sobre todo a la financiación directa (con los fondos del banco) pero no de los clientes que así lo deseen. E incluso hay quien se guarda la opción de aprobar alguna de estas inversiones controvertidas por la alta dirección. Del análisis de las inversiones en armas de los bancos citados y de los últimos informes realizados (Worldwide investments in Cluster Munitions a shared responsibility (2012), Banks and Arms: Explosive investments (2012) podemos comprobar que las inversiones en armas controvertidas no cesan. La RSC de estos bancos es mero márketing social, que identifica el nuevo nicho de mercado que conforman consumidores y consumidoras conscientes e intenta que el banco en cuestión sea atractivo a los ojos de este mercado en crecimiento. Porque si sus intenciones fuesen sinceras, no financiarían en ninguno de los casos la producción armamentística, un sector del que no hay que explicar los devastadores efectos que tiene sobre las personas, algo socialmente muy poco responsable. Lo del enfoque stakeholder suena bien, pero es una quimera en el modelo capitalista actual.

Jordi Calvo Rufanges es miembro de Centre Delàs d’Estudis per la Pau