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Cambios en el tratamiento de la objeción de conciencia en Corea

Jung-min Choi

En enero de 2002, hace un año y ocho meses, se archivó una decisión judicial sobre la constitucionalidad de la actual ley de Servicio Militar. Desde entonces no se ha celebrado ningún juicio. Por otro lado, aunque el actual presidente Roh Moo-Hyun reaccionó positivamente ante la posibilidad de instaurar un servicio sustitutorio durante su campaña electoral, su nuevo gobierno no ha dado ningún paso concreto en dicha dirección. Por lo tanto, no encontramos ante una situación de estancamiento a todos los niveles.

En el pasado, siempre que un nuevo gobierno accedía al poder, se castigaba arbitrariamente a los objetores. Sin embargo, con el crecimiento del movimiento de objeción de conciencia, hemos presenciado muchos cambios. El más evidente lo encontramos en la pena impuesta.

Hasta hace poco a los objetores se les imponía la máxima pena sin excepciones. (Esta pena ha variado con los distintos gobiernos. Desde 1994 es de tres años de prisión). Pero esto está cambiando. Actualmente los jueces están condenando a penas de 1 año y seis meses, es decir, a la menor pena posible dentro de la legalidad vigente, ya que si la sentencia fuese menor de ese tiempo, el condenado debería reincorporarse a filas una vez cumplida la condena.

Otro gran cambio es que desde julio de este año los objetores pueden celebrar ceremonias religiosas en los lugares donde cumplen condena. Dado que la mayoría de los objetores de Corea del Sur tienen motivaciones religiosas, hasta entonces el gobierno de Seúl les negaba ese derecho alegando que las razones del crimen cometido residían en su religión. Esto también ha cambiado.

Por otro lado, cada vez hay más reservistas que rechazan cumplir la instrucción a la que les obliga la ley. Su situación es peor que la de los quintos. Si un reservista no acude a la instrucción es condenado a pagar una multa de hasta 4.000 dólares o a cumplir un máximo de tres años de cárcel, según recoge la ley vigente (Establishment of Homeland Reserve Forces Act) en su artículo 15, cláusula cuarta. Además, después de este castigo, la obligación de incorporación a la reserva se impone repetidamente hasta que se cumple una determinada edad. La repetición del castigo por el mismo delito supone un problema grave. En muchos casos la cantidad acumulada de multas puede ser excesiva para un objetor y, por tanto, su vida puede verse amenazada.