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Las fronteras y la militarización / La militarización de las fronteras

Pedro Rios

Justicia para AnastasioJusticia para Anastasio

El 28 de mayo de 2015, cientos de personas se reunieron en San Diego (California) para pasar la tarde manifestándose y marchando en conmemoración del Día Nacional de Protesta para Detener la Brutalidad en las Fronteras. La movilización de San Diego formó parte de un conjunto coordinado de acciones no violentas convocadas por organizaciones de nueve ciudades estadounidenses para alzar la voz en contra del aumento de la impunidad de los agentes fronterizos involucrados en al menos 39 muertes desde 2010. Encabezadas por Southern Border Communities Coalition, una coalición conformada por más de 65 organizaciones que trabajan a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos, las manifestaciones coordinadas, las marchas y las proyecciones de películas también resaltaron el quinto aniversario de la muerte de Anastasio Hernandez Rojas, padre de cinco hijos que en 2010 fue torturado hasta morir por una docena de agentes en el paso fronterizo de San Ysidro, en San Diego.

Casualmente, el 28 de mayo también se cumplieron 91 años de la creación de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, establecida en 1924. Desde su fundación, no se han documentado casos en los que algún agente de la Patrulla Fronteriza haya rendido cuentas por incidentes en los que su accionar haya causado la muerte. En los últimos años, esos incidentes abarcan: disparar por la espalda a personas desarmadas, entre ellas niños, disparar hacia la frontera de México, usar pistolas eléctricas, matar a golpes y colocarse en situaciones de riesgo para justificar el uso de la fuerza letal. En la mayor parte de los casos, se desalienta u obstruye categóricamente el escrutinio público, lo cual permite que los agentes fronterizos queden impunes por los asesinatos.

Las muertes causadas por los agentes fronterizos forman parte de un problema complejo e histórico más grande, que involucra un proceso por el cual las comunidades de la frontera entre México y los Estados Unidos han sufrido una militarización sistemática y que debilita cada vez más las garantías constitucionales y exacerba las violaciones de los derechos humanos. El Migration Policy Institute descubrió que, desde 1986 hasta enero de 2013, se gastaron $187.000 millones en aplicar la ley de inmigración. La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos ha cuadruplicado sus tropas desde la década de 1990, con lo cual llegó a tener más de 21.000 agentes, concentrados principalmente a lo largo de la frontera con México. Cualquiera que conduzca por los caminos que recorren la zona fronteriza se verá forzado a atravesar un control de la Patrulla Fronteriza y será interrogado sobre su condición migratoria, a veces más allá del límite de 100 millas que regula la zona de operación de los agentes.

La acumulación exagerada de recursos de seguridad destinados a las comunidades fronterizas sigue una tendencia alarmante en la cual las políticas de guerra han definido las prioridades para la frontera entre México y los Estados Unidos. Sin importar la afiliación política, el marco bélico permite convenientemente que los legisladores usen como chivo expiatorio a más de 6 millones de personas que viven en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas para quitarles los frutos de su actividad política y económica. Durante las últimas cuatro décadas, el marco bélico ha guiado las estructuras de desarrollo de políticas para las zonas fronterizas en la presidencia de Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. A menudo, esas políticas incluyen una coordinación extensa con el Departamento de Defensa. Las fuerzas conformadas por diversos organismos han establecido acuerdos formales entre las fuerzas de seguridad locales y federales, centrados inicialmente en programas de intercepción de drogas y de aplicación de leyes migratorias, pero también en programas que responden al complejo industrial de seguridad nacional.

En la década de 1980, el presidente Reagan permitió la modificación de la ley Posse Comitatus mediante la ampliación del rol de las fuerzas armadas estadounidenses en asuntos nacionales, como parte de los intentos por combatir las drogas. En 1997, un pelotón de la Infantería de Marina que participaba de un programa encubierto de intercepción de drogas baleó y asesinó a Esequiel Hernandez, de 18 años, en Redford (Texas), a una milla de la frontera entre México y los Estados Unidos. Los cuatro infantes de marina que habían acechado a Esequiel antes de dispararle nunca fueron procesados por su comportamiento delictivo. Tras la investigación del gran jurado, la documentación reveló que todos los residentes de Redford (Texas) eran considerados una amenaza. Fue durante la presidencia de Reagan que las fuerzas encargadas de la seguridad fronteriza compraron un excedente de equipamiento militar, que incluyó sensores magnéticos terrestres, lentes infrarrojos de visión nocturna, miras para misiles Javelin, helicópteros Black Hawk y Huey, y vehículos Humvee.

En la década de 1990, las políticas fronterizas y migratorias sacaron provecho de la guerra antidrogas al cambiar el rumbo y apuntar a comunidades de bajos ingresos, como parte de una política social de “mano dura”. Aunque la tasa de delincuencia disminuyó durante la década de 1990, las condenas se volvieron cada vez más punitivas y fomentaron una perspectiva de “guerra contra el delito” en materia de asuntos migratorios. La propuesta 187 de California, iniciativa antiinmigratoria aprobada por referéndum estatal que proponía negarles los servicios sociales, médicos y educativos a quienes fueran “sospechados” de ser indocumentados, dio vida a los grupos discriminatorios que organizaban manifestaciones para “iluminar la frontera”. Las personas que cruzaban la frontera en busca de un trabajo eran consideradas delincuentes, y las reacciones de las organizaciones que proclamaban la supremacía de la raza blanca incluían a grupos de jóvenes vestidos con ropa militar y equipados con armas de aire comprimido, que salían a “cazar ilegales” en los humedales de la zona más occidental de la frontera de San Diego con Tijuana.

El fanatismo antiinmigratorio de California se tornó nacional y, en 1996, el presidente Clinton promulgó una ley de inmigración de carácter retroactiva y punitiva que criminalizaba a los inmigrantes. Dos años antes, su gobierno había adoptado medidas de militarización de toda la frontera que tenían por objetivo empujar a las corrientes de inmigrantes hacia terrenos montañosos y desérticos hostiles. En consecuencia, desde 1994 han muerto 7000 hombres, mujeres y niños en las zonas fronterizas tras realizar el intento de ingresar a los Estados Unidos sin inspección previa. Esta situación se dio dentro del contexto de liberalización del mercado por parte de los Estados Unidos, conforme a una política neoliberal de libre comercio que desestabilizó las economías locales de México, lo cual profundizó las condiciones para que las personas migraran.

En los Estados Unidos, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 perpetrados, la “guerra contra el terrorismo” llevó a la creación del Departamento de Seguridad Nacional, y el nuevo conjunto de políticas del nuevo mandato centró todas las prioridades de control fronterizo en prevenir actos de terrorismo contra el territorio y los intereses de los Estados Unidos. “Todo inmigrante es un terrorista en potencia” era la frase típica de los voceros del Departamento de Seguridad Nacional. Las operaciones terrestres mostraron un desprecio general por las garantías civiles y una oleada de interés por militarizar aún más las comunidades fronterizas.

El Congreso aprobó políticas para levantar cientos de millas de muros fronterizos a expensas de docenas de leyes y tratados laborales, ambientales y civiles. Los organismos de contratación incluyeron a Boeing, y Northrop Grumman, Lockheed Martin, Raytheon y General Dynamics se disputaron los contratos para construir los muros de la frontera. La empresa israelí Elbit Systems, responsable de haber construido el muro del segregación racialen los territorios ocupados de Cisjordania, fue contratada por el Departamento de Seguridad Nacional por $145 millones para instalar sistemas de vigilancia destinados a monitorear los pasos a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos.

El panorama no ha cambiado mucho con el presidente Obama. Los números récord de deportaciones ya han manchado la integridad del presidente Obama en lo que respecta a su compromiso con las políticas inmigratorias favorables. Con más de mil deportaciones diarias, las prioridades del control fronterizo siguen enfocándose en políticas fallidas que empujan a las personas hacia zonas remotas en las que sucumben a los factores ambientales y mueren de manera horrible. Muchas de esas personas residieron en los Estados Unidos durante mucho tiempo, a pesar de no tener la condición migratoria apropiada. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y las comunidades ubicadas a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos continúan modificando el relato con algunas mejoras. A los legisladores ya no les resulta tan fácil dar por cierta la historia trillada y errónea de que la frontera es campo abierto para los proyectos de militarización. Los residentes de la frontera siguen organizándose, reclamando justicia y manifestando la verdad ante el poder con coraje y creatividad, a pesar de que a veces pareciera un obstáculo insuperable. A la larga, lo que los residentes de la frontera procuran es desmilitarizar las comunidades, que se respete su dignidad y se defiendan los derechos humanos básicos.

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Pedro Rios es director del Programa de la Frontera entre México y los Estados Unidos de American Friends Service Committee, con sede en San Diego (California). Supervisa un programa que documenta los maltratos cometidos por las fuerzas de seguridad y ayuda a las familias de inmigrantes a organizarse para la autodeterminación. En diversos lugares, ha publicado ensayos sobre los efectos de la militarización de las comunidades fronterizas.