Campaña del Mes: Objeción Fiscal en Colombia

En Colombia no se sabe exactamente cuáles impuestos contribuyen directamente para la guerra, si no que todos los impuestos nacionales se juntan en un fondo común y después el gobierno central los redistribuye, enviando más del 50% a la deuda pública y al gasto militar; para muestra: el presupuesto del 2008 es de $127.195 billones, de éste se apropiaron 18.4 billones de pesos para el sector defensa, de los cuales el 81% se destina a gastos de funcionamiento; en la misma línea se destinan en el 2008 para el pago de la deuda $38.884 billones de pesos y para el 2009 se propone una apropiación de $37.034 billones, o sea aproximadamente $56 billones de pesos; mientras las transferencias, o sea la parte del presupuesto para las regiones y los gastos que se nombran como sociales: salud, educación, servicios públicos y otros, sólo cuentan para el año en curso con 19,2 billones, tan sólo un billón más comparado con el gasto militar.

Por lo tanto en Colombia no podemos hablar de no pagar un determinado impuesto, si no de la denuncia del pago de impuestos en general, de la oposición y/o la veeduría a la política de seguridad democrática, a los planes de guerra y a que se destinen más de 20 billones a la guerra; ya que la forma como se redistribuyen los impuestos en los sectores del Gobierno y los dineros de estas “ayudas”, terminan afianzando la propuesta guerrista que además es una política neoliberal mundial. “Mientras el Presupuesto General de la Nación se incrementa anualmente en un promedio del 4,9 por ciento, el crecimiento del gasto militar ha sido del 9.7 por ciento. La mayor fuente de egresos son los gastos de funcionamiento, destacándose los de personal, a causa del incremento del pie de fuerza militar y policial a partir principalmente del año 2002”

En el caso de una guerra interna la economía se sustenta y mueve alrededor de ella y se manifiesta de diversas maneras de militarización: una de ellas son las empresas trasnacionales y de servicios públicos, que explotan los monopolios naturales (agua, gas, petróleo, minerales), gracias a acuerdos con el gobierno actual de explotación y dizque “crecimiento económico”. A cambio, el gobierno brinda garantías jurídicas y de protección a través de la seguridad democrática que es la bandera del gobierno y la estrategia para entregar un país en crisis a los monopolios económicos del mundo, sumiéndolo en la economía de guerra, al brindar constante trabajo en tareas de vigilancia, seguridad, armas e inteligencia. La relación entre las empresas y el gobierno de turno es que éste ha creado la política de seguridad para la salvaguarda de los intereses de las compañías trasnacionales y no para acabar la guerra, los grupos armados y el narcotráfico en Colombia. A lo anterior se suma el pago de “vacunas” a ejércitos de derecha, contrainsurgentes o paramilitares, los cuales protegen la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de las infraestructuras instaladas para enriquecer a los gremios económicos y a las empresas privadas.

A las empresas privadas las consideramos especuladoras de la guerra ya que con sus megaproyectos generan una dinámica económica que va de la mano con el incremento del pie de fuerza, lo que se traduce en elevar el gasto militar; además, se adueñan de grandes territorios que son considerados como públicos en detrimento de la riqueza y el patrimonio colectivo. Son especuladores de la guerra no solamente quienes se enriquecen gracias a la industria armamentista, también hacen parte de este grupo económico aquellos que actúan a partir del neoliberalismo y también todo aquél que de alguna manera “maquina” la guerra, elabora una estrategia pensada para sacar provecho y ganancia, al mismo tiempo que vende servicios explotados de un monopolio “natural”, ejecutando indirectamente la destrucción de la vida con los desplazamientos, las masacres, los reasentamientos y la pérdida de la cultura material.

Como ejemplo y denuncia, visibilizamos las acusaciones hechas a multinacionales en el tribunal de los pueblos como:

  • La Chiquita Brans que contrabandeó armas para grupos armados, financiaba a grupos paramilitares y amenazó a trabajadores;
  • A la Drummond que mandó a asesinar a 3 lideres sindicales, financia grupos paramilitares y amenaza a trabajadores;
  • La Muriel Mining Corporation es acusada por la financiación a grupos paramilitares, desplazamiento forzado, tortura, la masacre de 85 personas en la operación Génesis (en Urabá, comandada por el general Rito Alejo del Río), despoja comunidades y genocidio indígena;
  • La Glencore- xstrata, la BHP Billintong y la Anglo American se les culpa por masacre de dos indígenas Wayú, desaparición y desplazamiento forzado;
  • A la Pizano S.A y su filial maderas del Darién por contaminación ambiental, fraude en compraventa de tierras, financiación a grupos paramilitares, amenaza, desplazamiento y desaparición forzada, despojo a comunidades afrocolombianas:
  • Urapalma S.A. Por contaminación ambiental, siembra ilegal de 7.000 hectáreas de Palma, fraude en compraventa de tierras, desplazamiento forzado, financiación a grupos paramilitares, despojo y genocidio contra indígenas y afrocolombianos
  • DynCorp se le culpa por contaminación ambiental, uso indiscriminado de sustancias agrotóxicas (Glifosato), desplazamiento, desaparición forzada, narcotráfico, violación sexual a menores, contrabando de armas y municiones, mercenarismo, tortura y genocidio indígena; entre muchas otras....

Esta economía de guerra en la que están en juego el gobierno colombiano y las trasnacionales, se afirma más con la inversión de Estados Unidos a través del Plan Colombia, un plan diseñado contra el narcotráfico y en segundo renglón contra la insurgencia, pero que en el fondo busca proteger a las empresas de extracción que tienen sede en el país -como las mencionadas-, así mismo entrega gran parte de la supuesta “ayuda” a empresas estadounidenses que se dedican a actividades de inteligencia, aspersión y entrenamiento militar, con el fin de mantener su economía interna en Estados Unidos fiel a la industria de la guerra.

En paralelo a las ayudas del Plan Colombia, en cuanto a los impuestos y la destinación presupuestal para recoger el dinero que se gastará en militarización, el gobierno colombiano aumenta más y más los impuestos, pero no todos los impuestos, si no aquellos que pagamos los más pobres: especialmente el IVA (Impuesto al valor agregado) y las retenciones que se hacen a los salarios de los más pobres para mantener el sistema de seguridad social y parafiscal, el llamado impuesto de Renta. En tanto todas las “ayudas” o subsidios que les da el Estado a las empresas semipúblicas y privadas se ven devueltas en el pago oportuno del impuesto al patrimonio, impuesto que se recauda para la guerra, con el cual se aumenta aún más la inversión en equipamiento militar, entrenamiento, adquisición de armas y construcción de batallones. Y para terminar de completar se va más plata en gastos militares de la que vemos en los presupuestos y las cifras oficiales:

Hay gastos militares, que el gobierno muestra como si fueran gasto social (o sea para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos).Porque el gobierno a programas tales como desmovilización y reinserción y “programas especializados para la paz” los llama sociales, cuando en realidad son inversión en guerra. De esta manera el gobierno sobredimensiona o “infla” las cifras de lo que destina del presupuesto al gasto social (…) porque suma en este rubro los recursos que invierte en campos como seguridad, defensa, medio ambiente y pensiones los cuales, no deben contar para el anexo de gasto social.

Algunos gastos de la militarización no los llaman así:

No se mencionan como militares ciertas inversiones en seguridad de vías y carreteras, que se realizan solamente de acuerdo con las necesidades del desarrollo de la guerra, de los megaproyectos y la actividad operativa de la Fuerza Pública en pos de facilitar su accionar. Como por ejemplo, los ‘Guardianes de la Vía’, cuyo propósito es aumentar la presencia de la Fuerza Pública con escuadrones motorizados que ejerzan un control permanente de la red vial nacional8; los batallones energéticos y viales que “protegen” la infraestructura vial de la construcción de hidroeléctricas y megaproyectos, para el caso de Antioquia la represa Porce III, la zona donde se construirá la hidroelećtrica Pescadero-Ituango, el puerto fluvial de Turbo y el puente de Yondó-Barrancabermeja.

Entonces la intensificación del conflicto, del narcotráfico y del tráfico de armas es la razón que “arguyen” los funcionarios y los empresarios para aumentar la producción, la compra y el desarrollo armamentista; en este caso, la fuerza pública de Colombia con sus centros de fabricación y mantenimiento de armas, naves, buques y aeronaves, se propone consolidar las empresas militares como de carácter mixto, competitivas y rentables, con el fin de insertarse en el comercio mundial de los artefactos bélicos, dando pasos a otras maneras de militarizar la vida al emplear a obreros en la construcción de ensambles para la destrucción y la guerra.

En este país existen 1.246.601 (un millón doscientas cuarenta y seis mil un) armas entre revólveres, escopetas, pistolas, carabinas, subametralladoras, ametralladoras y fusiles registrados; de éstas armas un millón no tienen el salvoconducto, están pendientes de ser decomisadas un 80.2 %; sólo un 19.8%, o sea 246.601 armas tienen permiso. Las personas en el país propietarias de armas legales llega a 845.456 (ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientas cincuenta y seis), de las cuales están en manos de personas naturales 810.315, es decir el 95 %, y en personas jurídicas un 4.2 %, o sea 35.141 personas; lo paradójico y que demuestra un país militarizado es que el arma no es el medio sino la voz, el fin del poder, y que en el 2007 “... se incautaron 70.047 en todo el país, de las cuales 26.696 no estaban registradas en el archivo nacional de armas”

En esta misma línea hay otras “empresas” que requieren y compran armas, que crean rutas por todas las fronteras del país para llevar a cabo sus “misiones”, es decir el narcotráfico es un factor que produce un gran intercambio de tráfico ilegal de armas, tanto que en Colombia hay un gran número de armas legales en personas naturales (y sin ratificar su salvoconducto y sin estar incluidas en las estadísticas); incluso se asocia constantemente las rutas del contrabando de armas con los caminos de la salida de la cocaína; sin embargo “lo más grave es que buena parte del armamento que disparan los ilegales se compró de forma legal en Estados Unidos, Centroamérica y algunos países de Suramérica. Otra parte fue hurtada de las fuerzas armadas de países vecinos y también esta la “fabricación casera”, tan difícil de perseguir como el mismo tráfico”

La pregunta que nos queda y que constantemente tratamos de develar es ¿por qué el dinero que pagamos no se distribuye en salud, vivienda, educación, empleo digno, alimentación, tranquilidad y confianza de los ciudadanos de menores ingresos; sino que por el contrario, va a dar a la consolidación de planes de guerra y de una Fuerza Pública que en su afán por demostrar resultados, que es muy eficiente, viola los derechos humanos de los pueblos?

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Para concluir y no quedarnos sólo en la denuncia, en la medida de este contexto, se hace legítimo idear mecanismos para objetar al fisco, para no pagar impuestos al Estado que se destinan a una guerra que no defiende nuestros intereses, sino un proyecto personal de terratenientes, ganaderos, gremios y extranjeros, mientras nuestros derechos tenemos que pagarlos como servicios de lujo.

La objeción fiscal debe iniciarse con la creación de un movimiento que, como principio, realice ejercicios previos, como los siguientes:

  • Crear y promover mecanismos de difusión de los presupuestos generales que sean claros para la comunidad
  • Conocer la institución militar en Colombia y los alcances de la militarización
  • Creación de mecanismos de conocimiento e información para la comunidad en cuanto al dinero asignado para las entidades estatales militares, al recaudo y redistribución de los presupuestos, a los recursos de ayudas extranjeras y planes de guerra que se desarrollan en nuestro país
  • Creación de una veeduría ciudadana en cuanto al dinero asignado a los militares, distribución: gastos e inversiones del presupuesto
  • La promoción del no pago de la libreta militar de segunda categoría o clase
  • Conocimiento y activación de mecanismos de exigibilidad a través de los organismos de control, con respeto a la ejecución presupuestal.
  • Campaña a largo plazo para que el dinero que se recauda del impuesto al patrimonio se destine a la inversión en hospitales y al pago de las deudas públicas de las poblaciones más pobres y sin oportunidades del país.
  • Campaña para que las asignaciones del dinero del sector defensa en Colombia no tengan fuero militar que las blinde ante la administración pública de rendir cuentas de sus gastos e inversiones año tras año.

Para más información:
http://redjuvenil.org