Relación entre militarización e industrias extractivas: Una mirada latinoamericana desde el antimilitarismo y el derecho a la paz

Laboratorio de Paz

El propósito del siguiente texto es realizar una vinculación entre la creciente situación de militarización experimentada en diferentes países latinoamericanos con el modelo de producción extractivista, promovido como paradigma de desarrollo en la región, con especial énfasis en la última década. Para ello, desarrollaremos lo que se entiende tanto como derecho humano a la paz como lo que debe comprenderse como extractivismo. Asimismo, haremos un resumido recuento del movimiento antimilitarista latinoamericano para pasar a realizar algunas consideraciones útiles para los activistas de derechos humanos sensibles a la propuesta de desmilitarización de los territorios.

El derecho humano a la paz

Desde el año 2005 un grupo de expertos, interesados y activistas han venido reuniéndose en la península ibérica para consensuar una declaración que logre el reconocimiento del derecho humano a la paz. Tras cónclaves en las ciudades Gernika, Bilbao, Madrid, Barcelona y Sevilla se ha logrado el acuerdo de un articulado, conocido como “Declaración de Luarca” (DL), que hasta ahora constituye el esfuerzo más completo para su conceptualización. La DL consta de un preámbulo y dos partes, cuya última redacción se realizó en el año 2006, fecha desde la cual se promueve que la Organización de Naciones Unidas (ONU) la incorpore dentro de los pactos internacionales de derechos humanos de obligatorio cumplimiento para los Estados.

Un primer aspecto a resaltar de la DL es que desarrolla el derecho a la paz no sólo como la ausencia de conflictos bélicos, sino también como el cumplimiento de otras precondiciones inherentes. El párrafo 2 de su preámbulo establece que reconoce la “concepción positiva de la paz que va más allá de la estricta ausencia de conflicto armado y se vincula al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos como condición para la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos, a la eliminación de todo tipo de violencia, así como al respeto efectivo de todos los derechos humanos”. En consecuencia, el párrafo 13 establece que mientras haya pobreza y un sistema que la perpetúe la paz será una utopía: “Considerando que la promoción de una cultura de paz, la redistribución mundial de los recursos y la realización de la justicia social deben contribuir al establecimiento de un nuevo orden económico internacional que permita lograr los propósitos de la presente Declaración, al eliminar las desigualdades, la exclusión y la pobreza que generan violencia estructural incompatible con la paz a nivel interno e internacional”. Otro aspecto que aborda, como estructuralmente violento, es la impunidad. El párrafo 15 apunta: “Conscientes de que el fin de la impunidad como herramienta para la paz también exige que toda institución militar o de seguridad esté plenamente subordinada al estado de derecho, al cumplimiento de las obligaciones que derivan del Derecho internacional, al respeto de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, y a la consecución de la paz, y de que, por lo tanto, la disciplina militar y el cumplimiento de órdenes superiores deben estar subordinados al logro de estos objetivos”.

Uno de los énfasis de la DL es sobre la producción y tráfico de todo tipo de armamentos los cuales “ponen en peligro la paz y seguridad, obstaculizando también la realización del derecho al desarrollo”. Asimismo, considera que el respeto al medio ambiente es una característica de la desarticulación de la violencia: “la consecución de la paz está intrínsecamente vinculada al respeto del medio ambiente, así como al desarrollo económico, social y cultural de todos los pueblos que sea ambiental y humanamente sostenible”.

En los contenidos del derecho se visibilizan diferentes garantías: Derecho a la educación en la paz y los DDHH; a la seguridad humana; a vivir en un entorno seguro y sano; a la desobediencia y la objeción de conciencia; a resistir y oponerse a la barbarie; al refugio; emigrar y participar; libertades de pensamiento, conciencia y religión; a recursos efectivos que las ampare contra violaciones; al desarme; el desarrollo; al medio ambiente sostenible y a la información veraz. En el derecho a la desobediencia y objeción de conciencia se reconoce el derecho a la desobediencia civil frente a actividades que supongan amenazas contra la paz, el derecho a obtener el estatuto de objetor de conciencia frente a las obligaciones militares impuestas por los Estados y el derecho a no participar y denunciar la investigación científica para la producción y desarrollo de armas de cualquier clase. Otras consideraciones interesantes tienen que ver con el derecho al desarme. Se establece como contenidos de este derecho que los pueblos o personas no sean considerados como enemigos por ningún Estado y que los recursos liberados por el desarme se destinen al bienestar colectivo.

El numeral 2 del artículo 6, referido al “Derecho a resistir y a oponerse a la barbarie”, establece: “Las personas y los pueblos tienen el derecho a oponerse a la guerra, a los crímenes de guerra, a los crímenes de lesa humanidad, a las violaciones de los derechos humanos, a los crímenes de genocidio y de agresión, a toda propaganda a favor de la guerra o de incitación a la violencia y a las violaciones del Derecho humano a la Paz, según se define en la presente Declaración”.

La DL define, en consecuencia, el derecho humano a la paz en función de los derechos y obligaciones que genera. A primera vista podría parecer que se trata de derechos ya recogidos en instrumentos existentes y, en efecto, muchos analistas califican el derecho humano a la paz como “Derecho síntesis”.

Extractivismo uniformado

Por extractivismo debe entenderse una forma de organizar la economía de un país basada en 4 características:

  1. Alta dependencia de la extracción intensiva de recursos naturales
  2. Realizada en grandes volúmenes (tendencia a la monoproducción / monocultivo),
  3. Con muy bajo procesamiento (valor agregado) y
  4. destinado para su venta en el exterior (exportación).

La expansión actual del extractivismo en la región ocurre independientemente de la ideología de los gobiernos nacionales, los cuales han revigorizado el papel de los Estados como reguladores de los capitales dentro de sus territorios. Entonces, junto a las compañías transnacionales los Estados nacionales se han convertido en un actor trascendental en el estímulo del extractivismo en la región.

Entre los años 2003 y 2013 mientras en el resto del mundo se experimentaba una ola de crisis económica, América Latina mostraba, en cambio, buenos indicadores económicos. El continente se benefició del llamado “boom del precio de materias primas”, debido a que sus principales productos de exportación históricos, hasta el día de hoy, son recursos energéticos como el petróleo, el gas y el carbón. En el año 2011, por ejemplo, de las 20 principales empresas de Latinoamerica 13 pertenecían a los sectores petroleros, gasíferos, mineros y siderúrgicos. El dinero que ingresó al conjunto de los países logró disminuir los índices de pobreza en la región. En el año 2012 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), afirmó que el continente mostraba el porcentaje de pobreza más bajo (28,8% del total de la población) de sus últimos 30 años.

No obstante, los altos ingresos económicos no sólo fueron destinados a programas sociales para reducir los índices de pobreza extrema. También fueron destinados para modernizar a las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos mediante un aumento significativo de la compra de armamento. En un estudio realizado por Laboratorio de Paz, en base a las cifras del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), se conoció que América Latina había aumentado en un 150% la compra de armas, gastando entre los años 2000 al 2010 la cifra de 13.624 millones de dólares. Los gastos militares a nivel mundial en el 2012 llegaron a 1.7 billones de dólares, o 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) global. En América Latina, el gasto en defensa fue de aproximadamente el 4% de su PIB total, por encima del promedio mundial.

Aquí podemos establecer una relación clara entre la profundización de una economía primario-exportadora basada en la intensificación de las empresas extractivas, tanto por gobiernos de “izquierda” como de “derecha”, y el aumento de la militarización de sus territorios. Sobre esto, el investigador y periodista uruguayo Raúl Zibechi ha dicho: “No hay extractivismo sin militarización de la sociedad… Esto no es que sea un error, la militarización es parte de modelo. No hay minería a cielo abierto, mega minería, sin militarismo. Uno puede no verlo en la ciudad donde vive, si vive en la ciudad, pero si se acerca un poco verá un entorno cada vez más militarizado”.

Entendemos la militarización no sólo como la preponderante presencia física de los miembros de las Fuerzas Armadas en un territorio determinado sino también el crecimiento de la influencia de los valores propios de los militares dentro de la sociedad. Si calificamos al período transcurrido entre los años 2003 a 2013 en América latina como la “década extractivista”, podemos afirmar que después de esos 10 años la región se ha militarizado mucho más. Esta militarización se expresa no sólo en los altos presupuestos destinados al funcionamiento de las Fuerzas Armadas y el aumento en la compra de armamentos, sino también en un proceso de criminalización de la protesta pacífica y los movimientos sociales y líderes populares que las impulsan, que es común a varios países. Este proceso de criminalización incluye la reforma, la creación y las propuestas actuales de leyes que establecen como delitos estrategias históricas de lucha de los movimientos populares latinoamericanos, como el cierre de calles o el uso de máscaras o capuchas por parte de los manifestantes. Gobiernos latinoamericanos de diferente ideología, como Chile, Argentina, Venezuela o Ecuador, han aprobado leyes antiterroristas influenciadas por el espíritu del 11 de Septiembre en Estados Unidos y la visión maniquea y militarista mediante la cual el gobierno de George W. Bush enfrentó el derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York.

Sin embargo la expansión del extractivismo y el militarismo han generado amplias resistencias sociales en todo el continente. Cuando se observa las razones por las cuales las poblaciones latinoamericanas se están movilizando por sus derechos, vamos a encontrar que son las comunidades indígenas y campesinas las que encabezan las protestas contra proyectos de megaminería en territorios militarizados. Según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, por ejemplo, durante el 2012 que existían 184 conflictos regionales activos, cinco de ellos transfronterizos, involucrando a 253 comunidades afectadas. Algunas de las principales demandas de los movimientos tienen que ver con la tierra en la que viven: La demarcación y entrega de territorios a las comunidades indígenas, la exigencia del derecho a ser consultados antes de realizar proyectos de extracción energética, la realización y difusión de estudios de impacto ambiental, la movilización por la contaminación de los suelos, el agua y el aire como consecuencia de la actividad extractiva. Hoy en día muchos líderes indígenas y campesinos, así como activistas de derechos humanos, han sido detenidos por participar en una manifestación y están siendo sometidos a juicios en tribunales que no garantizan una justicia independiente. Algunos manifestantes han sido asesinados por la policía o militares, y sus muertes quedan en impunidad ante la falta de sanción a los responsables.

Movimiento antimilitarista latinoamericano

Durante la década de los 80´s, muchos países de América Latina estaban gobernados por dictaduras militares o sufrían las consecuencias de la guerra civil en sus territorios. Eran tiempos de la Guerra Fría, por lo que Estados Unidos consideraba a la región como zona de su influencia, un “patio trasero”. Su traumática y progresiva democratización tuvo como contraparte que en amplios sectores de su juventud se desarrollara un sentimiento antimilitarista, que comenzó a tener expresiones organizativas y políticas.

Una iniciativa de inspiración religiosa, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), que nació en 1974 en Colombia, fue la responsable de promover, en varios países latinoamericanos, valores como la noviolencia activa, la cultura de paz y la objeción de conciencia al servicio militar (OC) como un derecho que debía, y podía, ser exigido a las autoridades. Varias de sus oficinas, como las de Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, fueron el impulso para iniciar movimientos locales de OC, pero fue en Paraguay donde más se desarrolló y obtuvo avances significativos: En 1992 lograron que la Constitución paraguaya reconociera formalmente la OC en uno de sus artículos. Al año siguiente las primeras personas se declaraban como objetores, logrando la atención de los medios de comunicación y la difusión de su propuesta. En 1994 La Asunción fue la sede del primer encuentro latinoamericano de OC, donde se acuerda la creación de la Red de Objeción de Conciencia Latinoamericana y del Caribe (ROLC), que antes de internet logró coordinar actividades en varios países y editar la revista “Objetando”. Los diferentes grupos que se incorporaron a la ROLC ampliaron la temática de la OC a una crítica más amplia al militarismo, por lo que con el tiempo la red se transformó en la Coordinadora Latinoamericana de Objeción de Conciencia (CLAOC), la cual existió hasta el año 2004. Varias razones explican este declive. El primero que varios países, paulatinamente, hayan prohibido el reclutamiento forzoso –el principal enemigo contra el que se movilizaban los activistas- y aprobado la OC en diferentes leyes. El segundo, la autonomía que la CLAOC deseaba respecto a las Organizaciones No Gubernamentales tuvo, como consecuencia, menos recursos económicos para realizar campañas y organizar encuentros. Desde el año 2005 la Internacional de Resistentes a la Guerra ha intentado promover, con relativo éxito, una red antimilitarista en América Latina, estimulando encuentros, declaraciones conjuntas y capacitaciones en acción directa noviolenta.

Dentro del movimiento de OC en Latinoamérica se desarrollaron tres grandes tendencias: La religiosa, la anti-imperialista y la anarquista. De la primera es representante Serpaj y otras ONGs de derechos humanos que participaron, así como el conjunto de iniciativas influenciadas bajo la “teología de la liberación” para los cuales la OC era una obligación moral derivada del mandamiento “No matarás”. La tendencia anti-imperialista era conformada por grupos cercanos al marxismo que rechazaban tácticamente el servicio militar obligatorio (SMO), pero estaban tanto a favor de un ejército “patriota” y “popular” como de las luchas de liberación nacional que protagonizaban las guerrillas. Estos grupos eran particularmente activos en denunciar la presencia de bases militares norteamericanas y la Escuela de las Américas, sitio dentro de Estados Unidos donde se formaban buena parte de los mandos de los ejércitos “sudacas”. En tercer lugar, menos numerosos en cantidad pero con un análisis integral sobre las consecuencias del militarismo, estaban los anarquistas, quienes rechazaban la propuesta de un servicio alternativo al Estado, pero que aceptaban ser parte de las coaliciones locales que enfrentaban algunas de las expresiones concretas del militarismo en la vida cotidiana de la gente.

Los retos

En América Latina los retos para los antimilitaristas son múltiples, sin embargo la conceptualización propuesta de “derecho a la paz”, expresada en la Declaración de Luarca, representa una oportunidad para contar con un piso conceptual que lo pueda vincular al trabajo de otras organizaciones sociales y populares del continente.

Teniendo la Declaración de Luarca como un paraguas conceptual, la situación de militarización de los territorios como parte inherente del proyecto económico extractivista, genera un campo de trabajo concreto para los activistas por la paz. Uno de los esfuerzos debería ir encaminado a continuar reflexionando, investigando y visibilizando la vinculación entre estas dos dimensiones, el extractivismo como modelo de desarrollo hegemónico tras el eclipse del neoliberalismo en la región y la militarización de los cuerpos y los territorios, puntos de contacto que no siempre están claros ni para los activistas ni para la propia sociedad. Algunos de estos aportes pueden alimentar el debate que actualmente se desarrolla en los organismos regionales y universales de protección a los derechos humanos, donde como consecuencia de los efectos de la actividad petrolera y minera se intenta acotar la responsabilidad de las empresas, como entes particulares, en respetar los derechos humanos.

En segundo lugar creemos que el antimilitarismo integral, que es la propuesta de una sociedad cuyo funcionamiento sea en base a valores diferentes al militarismo, puede aportar una mirada que, desde otro lugar, realice análisis y propuestas que superen las limitaciones del debate ideologizado entre la “izquierda” y la “derecha”, categorías que como hoy sabemos coinciden, por lo menos en el caso latinoamericano, en el culto al ejército, considerar lo diferente como una amenaza y en el uso de la fuerza y el monopolio estatal del uso de las armas como métodos de resolución de conflictos.

Luego está en nuestra experiencia acumulada en el uso de la acción directa noviolenta como promotora del cambio cultural, social y político en la sociedad. Debido a su propia historia y los referentes de movimientos de liberación nacional que utilizaron la lucha armada para enfrentar los diferentes colonialismos, los movimientos sociales en la región siguen teniendo como referentes a las guerrillas y los líderes guerrilleros o militaristas como el Che Guevara o Simón Bolívar. Parte de la estrategia de criminalización de los Estados es obstaculizar los mecanismos democráticos y pacíficos de protesta para que los manifestantes recurran a métodos violentos, lo cual luego utilizan para realizar una campaña propagandística de criminalización precisamente por el carácter “violento” o “terrorista” de quienes protestan, lo cual termina aislándolos y fragmentando al propio movimiento. Los antimilitaristas podemos y debemos acompañar esos movimientos para ampliar el abanico de posibilidades de incidencia desde la noviolencia.

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