Resistencia a la ley minera en Bolivia

Por Angela Cuenca Sempértegui

La economía de Bolivia se basa tradicionalmente en la extracción y exportación de grandes volúmenes de Recursos Naturales como materias primas al mercado mundial, sin procesar. A este tipo de economía se la denomina extractivista. La minería e hidrocarburos son las actividades económicas más representativas de este tipo. Lo que se olvida es que se trata de extracción y exportación de recursos no renovables que estamos perdiendo y esto se agrava más si esta exportación de materias primas (minerales) está controlada por otros.

En Bolivia el  98 % de la extracción minera está a cargo de privados (cooperativistas y empresas transnacionales) y apenas el 2% está a cargo del Estado, esto quiere decir que el Estado no ha recuperado soberanía sobre los minerales.

Hasta ahora Bolivia afronta serios problemas ambientales y violación de derechos colectivos con la afectación del agua, contaminación de suelos, impactos en la salud y calidad de vida de las personas que viven en territorios con actividades mineras. Es importante recordar que está vigente el código minero Nº 1777 aprobado por el ex Presidente  Gonzalo Sánchez de Lozada que a su vez era empresario minero (COMSUR), es un código que favorece a los mineros. Frente a este panorama se vio la necesidad de realizar un cambio y proponer una nueva ley minera, pero que lastimosamente fue redactada y concertada sólo por actores mineros, reproduciendo los problemas y perfeccionando el saqueo a las comunidades con la criminalización.

El mes de marzo de este año, de manera inesperada, el tratamiento en la asamblea legislativa boliviana del proyecto de Ley Minera “consensuado” entre los actores mineros y el gobierno en un hermético secreto durante tres años, resultó en un conflicto nacional que de manera excepcional permitió hacer público su contenido hacía el resto de los sectores sociales, que con mucha indignación constataron la introducción de una serie de vulneraciones a los derechos sociales por una parte y privilegios de los operadores mineros por otra, para favorecer los intereses de quienes lucran con la actividad minera.

Llamó profundamente la atención qué si bien la controversia que sacó del silencio a este proyecto de Ley fue la modificación de dos artículos referidos a contratos con las cooperativas mineras y otras empresas, las denuncias de las organizaciones sociales e instituciones sobre el despojo de derechos, la criminalización y la pérdida de soberanía sobre los recursos naturales no fueron tomadas en cuenta.

Actores y Acciones en el conflicto

Pueblos indígenas, regantes, campesinos e instituciones. Aunque la resistencia a la Ley Minera en Bolivia se gestó a mediados del año 2012, cuando extraoficialmente salían a luz borradores del anteproyecto de ley minera, las demandas del pueblo boliviano en general se incrementaron el mes de marzo 2014 ante la presentación del anteproyecto a la asamblea legislativa con un pedido unánime de la población “ser parte del debate y construcción de la ley minera”.

Se emitieron muchos votos resolutivos desde las organizaciones sociales cuestionando temas centrales como ser: agua para la vida, criminalización de derechos, superposición de derechos mineros, consulta previa y minería en áreas protegidas. En su impotencia de ser escuchados los regantes tomaron como medida el bloqueo de caminos, posteriormente una Marcha en defensa del Agua, los recursos naturales y la Madre Tierra, hecho que generó la atención del gobierno para iniciar reuniones sólo con este sector, cambiándose en lo mínimo el tema del agua pero manteniendo la esencia del anteproyecto de ley minera.

Otra medida fue la Cumbre Nacional de las Organizaciones Sociales, que planteó paralizar el tratamiento de la ley en la asamblea legislativa, pese a ser una gran demanda social con movilizaciones, el gobierno hizo caso omiso.

Los mineros cooperativistas y asalariados

Si bien se notó la división de posiciones entre mineros cooperativistas y asalariados, las medidas que tomaron para la pronta aprobación del proyecto de ley minera fueron el bloqueo de caminos, marchas con dinamitas en las ciudades capitales y permanentes reuniones con el gobierno nacional, hasta lograr su objetivo.

El gobierno nacional

Por un momento el gobierno desistió de aprobar el anteproyecto de ley minera, señalando que por todos los conflictos con diversos actores sociales, se debía iniciar la construcción de la ley desde foja cero. Sin embargo a los pocos días cambió de parecer y continuó con su proyecto, se abrió a dialogar solo con el sector regantes logrando validar su anteproyecto de ley y con el respaldo de mineros el mes de mayo aprobó una ley minera anti indígena, privatista y que nos condena al extractivismo.

Implicancias de la Ley minera

- Criminalización de las luchas sociales. Sin duda uno de los principales obstáculos para la entrega de los yacimientos mineros a los capitales transnacionales, como también para una extracción con bajos costos ambientales, es la tenaz resistencia y acción social de las comunidades que ante el avasallamiento de sus territorios, ante la contaminación de sus aguas y tierras ejercen acciones en defensa de sus derechos. Precisamente para salvar ese “obstáculo” la Ley de Minería aprobada, establece sanciones para las posibles acciones que desplieguen actores sociales en contra de la actividad minera.

La criminalización contra la protesta social está contenida en los artículos 99 al 101 de la Ley, a título de “Seguridad Jurídica” se empleará la fuerza pública, se realizarán amparos administrativos, así mismo se hará responsable a las comunidades por los posibles daños económicos que pudieran haber causado las acciones contra los operadores mineros.

- Despojo de tierras y aguas a las comunidades. Entre los artículos 107 al 113 de la Ley de Minería, se establecen una serie de prerrogativas a favor de los operadores mineros para expropiar a comunidades y poblaciones de su posesión de tierras, uso de aguas y otros recursos a favor de sus operaciones. Esta figura en realidad es una subvención desde la sociedad y la naturaleza a las operaciones mineras, peor aún a operaciones privadas transnacionales, por cuanto permite de manera gratuita el uso de grandes volúmenes de agua a un uso económico, desposeyendo de este recurso a comunidades que tienen un uso social y de subsistencia. Así mismo contraviene los principios de privatización del agua, pues la desposesión del agua a favor de empresas mineras transnacionales en los hechos es una forma de privatización.

- Conculcación del derecho a la Consulta Previa Libre e Informada. Finalmente, una de las mayores vulneraciones sucede entre los artículos 207 al 216 de la Ley, donde en primer lugar, se niega la consulta en la fase de exploración, lo cual es una abierta violación de la Constitución Política, que claramente establece que “toda medida administrativa o legislativa que afecte los intereses de un pueblo indígena debe ser puesto en consulta previa”, en este caso una autorización de exploración, es sin duda una medida administrativa, y al estar referida a la realización de actividades de exploración dentro un territorio indígena, afecta sus intereses y derechos, por lo cual debiera ser consultado. En segundo lugar, el procedimiento que se establece en este proyecto de ley dista mucho de basarse en los procedimientos y normas propias de los pueblos indígenas como debiera ser una consulta previa y al contrario está más cerca de ser una mera audiencia pública, de carácter informativo.

Quienes se benefician con esta ley minera

Sin duda alguna es una ley hecha por mineros para mineros, los mayores beneficiados son el sector privado, hablamos de mineros cooperativistas y empresas transnacionales porque lejos del fortalecimiento de la Estatal COMIBOL, se orienta a su reducción y encasillamiento a sus actuales operaciones. En tanto del otro lado de la balanza, reina la absoluta desprotección e indefensión de las comunidades y toda población que se sienta afectada por una operación minera, frente a la cual según las disposiciones de la Ley solo le queda resignarse.

Situación actual

La expansión minera empieza a darse en comunidades de vocación agro-ganadera y en áreas protegidas, con amedrentamiento desde los actores mineros. Sin embargo la resistencia y la indignación crece en las organizaciones sociales y comunidades, no se descartan amparos de inconstitucionalidad a la ley minera tanto a nivel nacional como internacional así mismo se preparan acciones populares en rechazo a la ley minera.

 

Angela Cuenca forma parte del Colectivo CASA