Vzla: Reforma de Ley de Conscripción Militar es inconstitucional (y 2)

Reforma de Ley de Conscripción Militar es
inconstitucional (y 2)

Rafael Uzcátegui (*)

En nuestro anterior artículo describíamos
como el proyecto de reforma a la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar,
actualmente en discusión en la Asamblea Nacional tras haber sido aprobado en
primera discusión, se pone de espaldas a las garantías contenidas en el
artículo 134 de la Constitución, que establece “Toda persona, de conformidad
con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar necesarios
para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a
situaciones de calamidad pública”. Si se aprueba la iniciativa como se
encuentra redactada en la actualidad, se restablecería la obligatoriedad del
servicio militar por cuatro razones: 1) Se obliga a todos los venezolanos y
venezolanas a inscribirse en un registro de naturaleza castrense, 2) No figuran
como causales de no prestación del servicio militar la posibilidad de elegir un
servicio civil o ejercer la libertad de conciencia (artículo 61 CRBV), 3) Sólo
se podría prestar el servicio civil tras haber sido seleccionado como “No
elegible” por presentar enfermedad, ser sostén de hogar, estar casado-a o tener
sentencia firme de prisión, 4) El servicio civil, que en la CRBV posee el mismo
rango que el militar, quedaría subordinado a este, siendo operativizado bajo
jurisdicción y reglamentación castrense.

Como lo expresa la Carta Magna el servicio civil no puede quedar comprendido en
el servicio militar ni en el registro militar, pues representa una forma
independiente de cumplimiento del deber impuesto por el artículo 134 de la
CRBV. El análisis realizado por el abogado constitucionalista Jesús María Casal
es enfático: “Si la  Asamblea Nacional
quiere dictar primero una reforma a la normativa actualmente existente sobre
conscripción y alistamiento militar, puede hacerlo, pero en este caso debe
reducir el registro militar a quienes libremente decidan prestarlo. Si se
quiere crear un registro común a todas las personas naturales llamadas a
observar el deber patrio consagrado en el artículo 134 constitucional, este
registro no podría ser militar y tendría que dictarse la normativa sustantiva
sobre el servicio civil, para que los ciudadanos, conociendo su alcance, puedan
elegir entre uno y otro”.

La iniciativa forma parte del proceso progresivo de militarización del país,
iniciado por la gestión del presidente Chávez y profundizada en el gobierno de
Nicolás Maduro. Quienes no se inscriban en el registro militar serán
penalizados de dos maneras: Pago de una multa entre 2.140 y 8.560 Bs. Por otra
parte será requisito obligatorio presentar el carnet de inscripción para la
inclusión en nómina o contratación en entes públicos o privados (artículo 45),
tener licencia de conducir, abrir cuentas bancarias, obtener créditos
hipotecarios o títulos de educación, hacer trámites de cualquier índole en
notarías y registros públicos (artículo 46), y para las personas jurídicas, obtener
solvencias laborales (artículo 47). El proyecto establece verificación
permanente para las personas jurídicas, quienes estarían obligados a verificar
la inscripción militar de sus integrantes. El proyecto establece un requisito
previo, la inscripción en un registro de naturaleza militar, para el ejercicio
del derecho al trabajo, la educación y el libre tránsito.

El artículo 51 del proyecto establece el
deber de portar el carnet que acredite el registro militar. Esto podría generar
condiciones para que se repitan situaciones que creíamos superadas: Redadas de
autoridades policiales y militares para exigir dicha acreditación, en una
particular sustitución del antiguo reclutamiento forzoso por la “carnetización
militar forzosa”.

Las presiones por incorporar esta propuesta dentro de las prioridades
legislativas del hemiciclo parecen confirmar el peso protagónico que han
alcanzado las Fuerzas Armadas en la actualidad. Ha sido el propio ejército
quien ha promovido algunos procesos de “consulta” de la iniciativa en algunos
lugares del país, en aras de darle legitimidad. Sin embargo, la reforma es
desconocida por la mayoría de venezolanos y venezolanas, quienes no han sido
consultados en un verdadero proceso participativo y protagónico.

Una reforma de dicha ley en consonancia con
la Constitución debe establecer claramente como causales de no prestación del
servicio militar que las personas hayan escogido libre y previamente la
realización de un servicio de naturaleza civil o invocar el ejercicio de la
objeción de conciencia. Un registro militar debe limitarse a las personas que
hayan decidido realizar el propio servicio militar, eliminando todas las
acciones punitivas contra el resto de la población que ha optado por mantenerse
alejada de las Fuerzas Armadas. Por último, lo militar no debe interferir en el
disfrute y ejercicio de los derechos humanos, como educación, trabajo y libre
tránsito.

La mayoría de los países de la región han
eliminado la obligatoriedad del servicio militar. Sus movimientos sociales han
avanzado en exigir la penalización de los delitos y violaciones a los derechos
humanos realizadas por integrantes de la Fuerza Armada y realizar procesos de
contraloría social al presupuesto destinado a los Ministerios de Defensa.
Venezuela permanece a la zaga de esta tendencia, mostrando una sociedad cada
vez más militarizada.  -- :: Bitácora en www.rafaeluzcategui.wordpress.com :Twitter: @fanzinero