Vzla: Reforma de Ley de Conscripción militar es inconstitucional (1)

Reforma de
Ley de Conscripción militar es inconstitucional (1)

 

Rafael
Uzcátegui (*)

 

Actualmente
se discute en el seno de la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Ley
de Conscripción y Alistamiento Militar. La ley ha sido incluida dentro del
paquete legislativo calificado como prioritario por la directiva parlamentaria,
contando con una aprobación en primera discusión el pasado 18.06.13. El
proyecto presentado, sin embargo, es inconstitucional porque vulnera lo
expresado en el artículo 134 de la Carta Magna, que expresa: “Toda persona, de
conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar
necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer
frente a situaciones de calamidad pública. Nadie puede ser sometido a
reclutamiento forzoso (…)”.

 

La
iniciativa consta de 120 artículos para “establecer las normar para regular el
deber que tienen todos los venezolanos, venezolanas, naturalizados y personas
jurídicas, de cumplir con el Registro Permanente y el Servicio Militar (SM)”.
Estableciendo como edad militar la comprendida entre 18 y 60 años (Artículo 4),
el artículo 62 establece las calificaciones de “elegibles” y “no elegibles”
para la prestación del servicio. Dentro de las causales de impedimiento están
la enfermedad temporal; Enfermedad permanente; Estado civil casado o casada;
Mujer en embarazo; Ser único sostén de hogar o tener una medida privativa de
libertad firme o condena penal. Al no incluir dentro de los causales de no
prestación del servicio militar el ejercicio de la “libertad de conciencia”,
como se expresa en el artículo 61 de la CRBV, o el deseo de los ciudadanos de
prestar un Servicio Civil (SC), la propuesta de reforma infringe lo expresado
en el artículo 134 de la Carta Magna.

 

En este punto
recordaremos el debate realizado en la Asamblea Constituyente de 1999 que
derivó en la redacción final de los artículos referidos a la prestación del SM
en Venezuela. Un sector, representado por los militares constituyentistas
argumentaba a favor del mantenimiento del servicio militar obligatorio, sin
reclutamiento forzoso y previendo distintas formas de cumplimiento del servicio
militar. Por otra parte otro sector, activistas o vinculados a la lucha por los
derechos humanos abogaba también por la prohibición del reclutamiento forzoso y
por  un servicio civil alternativo al SM,
sustentado filosóficamente en el derecho a la objeción de conciencia. El
constituyentista Vladimir Villegas, en aquella oportunidad, expresó: “hemos
venido hablando durante las discusiones en la Comisión de Derechos Humanos de
un servicio social alternativo y obligatorio. Es decir, que existiera como
alternativa al servicio militar la posibilidad de un servicio social”. Como nos
lo recuerda en un análisis el abogado constitucionalista Jesús María Casal “Esta
contraposición de posturas se decantó a favor del carácter alternativo del SC
respecto del SM, en los términos del artículo 134 (…) La Constitución prevé un SC
cualitativamente distinto al militar, que, adicionalmente, no es subsidiario
frente a este último sino principal o paralelo, a elección de cada persona, y
obviamente es sustitutivo del SM”.

 

El artículo
134, por tanto, coloca en la misma jerarquía la posibilidad de prestar un SC o SM.
Esta posibilidad es obviada por la propuesta, colocando como subsidiaria del SM
la posibilidad de prestar un SC. La redacción al respecto es confusa y
contradictoria. Mientras el artículo 62 de la propuesta describe como
“Elegibles” a quienes “tienen la edad y condiciones para cumplir con el servicio
civil o militar, de acuerdo a los principios de defensa integral de la Nación”,
con lo que colocaría ambas posibilidades en el mismo rango, más adelante el
artículo 81 establece el “deber de prestar el servicio militar” a “los
venezolanos, venezolanas y naturalizados, en edad militar”, negando al
anterior.

 

La
confusión no es fortuita sino conceptual. La iniciativa sugiere que el SC es
accesorio y suplementario del SM. El artículo 81 de la propuesta afirma que quienes
“por razones de esta Ley, no puedan prestar el SM, deberán cumplir con el deber
de prestar el SC”. La propuesta omite la posibilidad de elección inicial del SC
y sólo podría optarse por él tras haber cumplido alguna de las causales de no
prestación del SM.

 

La
propuesta establece que deben inscribirse o actualizar sus datos de manera
obligatoria en el Registro Permanente y Alistamiento Militar todas las personas
naturales y jurídicas (artículos 2, 23, 26.1 y 36). La norma debe reducir el
registro militar a quienes libremente decidan prestar el SM. Como acertadamente
argumenta Casal “No puede instaurarse un registro a los fines del SC sin que
este haya sido regulado por una ley (…) Si se quiere crear un registro común a
todas las personas naturales llamadas a observar el deber patrio consagrado en
el artículo 134 constitucional, este registro no podría ser militar y tendría
que dictarse la normativa sustantiva sobre el servicio civil, para que los
ciudadanos, conociendo su alcance, puedan elegir entre uno y otro”.-- :: Bitácora en www.rafaeluzcategui.wordpress.com :
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