para entender el proceso MARINA KUE

http://www.vientofuerte.com/articulo.php?art=22281#.Ubh2Ddi0ut9
La caja de Pandora

Por Abog. Guillermo Ferreiro *

El 3 de junio fuimos, 12 acusados con pedido de juicio oral, 3
imputados son pedido de sobreseimiento definitivo y sus respectivos
abogados, a una audiencia preliminar que nunca debió iniciarse, la Juez y
el Fiscal lo sabían, el Código Procesal Penal dice claramente que una
vez que concluye una etapa no se puede retrotraer el Juicio a dicha
etapa concluida *1.

Todos los presentes en la audiencia pública escucharon a este Abogado,
antes que se inicie el acto, advertir a la juez que se encontraba
pendiente de resolución un recurso en la etapa preparatoria, pero aun
así se inició la audiencia. Gracias a esto pudimos escuchar el listado
de pruebas que la fiscalía ocultó a la defensa presentándolas en la
acusación simplemente con un número, sin identificar si se trataba de
fotografías o calefones. La Juez Yanine Ríos tuvo que poner orden en la
sala cuando la seriedad de la audiencia se vio afectada por la risa de
los presentes al oír a la actuaria leer dichas pruebas: “un carnet de
afiliación al Partido Colorado, envases de gaseosa Niko, cortauñas,
papel higiénico…”. Si la Fiscalía allana mi baño me dan 30 años, más 10
de medidas de seguridad.

Más allá de la anécdota, queda claro que todo el proceder de la
fiscalía se efectúa en forma irresponsable y ocultando “pruebas” a la
defensa. Esto no es poca cosa, ¿Cómo piensan defender una eventual
condena ante tribunales internacionales en base a pruebas que no le
fueron presentadas a la defensa?.

Al iniciar el segundo día de audiencias, pese a que ya era demasiado
tarde, pues la audiencia ya estaba en marcha, volví a advertir a la Juez
de la irregularidad que se estaba consumando. Para mi sorpresa, el
mismo fiscal argumentó la imposibilidad de realizar la audiencia y
solicitó la suspensión, lo que la Juez concedió. Como ya referí antes,
no se puede volver a etapas concluidas, intentamos evitarlo, pero la
tozudez de algunos pudo más y ahora estamos ante un grave problema. No
cabíamos en nuestro asombro ante lo que parecía una muestra increíble de
chapucería por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público, pero
luego nos dimos cuenta de que todo fue intencional…  ¡Caímos en una
trampa!

Me explico:

Si el amable lector ha llegado hasta este punto del artículo, debe
estar pensando que en adelante hablaremos de aburridos tecnicismos,
típico de abogados, los que terminan por lograr que la gente desprecie
por igual a fiscales, abogados y jueces.  Sin embargo, pese a que el
fiscal Rachid dijo lo contrario, el tema que impidió la prosecución de
la audiencia, hace al fondo de la cuestión Marina Kue.
En el año 1967 la empresa La Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA), donó al
Estado paraguayo parte de una finca de su propiedad. En inmueble donado
tenía unas 2000 hectáreas y fue destinado al uso de la Armada Paraguaya
(de ahí el nombre de Marina Kue). Ese mismo año el Estado aceptó la
donación por  Decreto Nº 29.366 del 6 de setiembre de 1967. Un decreto
forma parte de las normas de un país, lo que hace presumir su
conocimiento por parte de los ciudadanos.

El problema se inicia con la negligencia de Estado (¿Cuándo no?) que
nunca se tomó la molestia de inscribir en los Registros Públicos el
inmueble de su propiedad, por lo que hasta hoy esta finca figura en los
Registros Públicos a nombre de LIPSA.

Campos Morombí compró a LIPSA OTRA finca de nada menos que 50.000
hectáreas, lindantes a la que fue donada al Estado y destinada a la
Armada. Aparentemente, esas 50.000 hectáreas no le alcanzaban a Don Bla,
por lo que en la década del 70, prestanombres de Campos Morombí
adquirieron del IBR unas 2.200 hectáreas más en la zona; este gigantesco
inmueble fue adquirido con comunidades indígenas viviendo dentro, las
cuales fueron desalojadas en forma brutal.

Pese a que la Armada jamás inscribió el inmueble que le fue donado,
hizo uso del mismo el Destacamento Naval Agropecuario Km 35 Curuguaty,
desde 1967 hasta 1999, año en que se retiró del local, no sabemos bien
por qué. Campos Morombí venía invadiendo el inmueble paulatinamente
desde 1999, convirtiéndose en algo así como carperos VIP.

Por Decreto 3532, el 4 de octubre de 2004 el Poder Ejecutivo destina
las tierras de Marina Kue a la reforma agraria y faculta al INDERT a
inscribirlas a su nombre. Para esto el INDERT inició un juicio de
mensura. Una de las primeras cosas que se hacen al iniciar un juicio de
mensura es notificar a los vecinos, para que estos se presenten al
juicio de mensura con sus planos y títulos para hacer valer sus
derechos, por eso se le comunicó a Campos Morombí que el INDERT iba a
amojonar y titular su lote, lo que obligaría a la familia Riquelme a
desalojar el inmueble que venían ocupando.

El 6 de junio de 2005 Campos Morombí inició un juicio de usucapión por
esas tierras, la demanda se entabló contra LIPSA, aprovechándose de la
negligencia del Estado en no haber inscripto el inmueble en 38 años.
Esto, porque no se puede adquirir por usucapión tierras públicas, pero
sobre todo para evitar que el Estado se defienda e intente hacer valer
sus derechos.

En su escrito de demanda, Campos Morombí alegó que se encuentra en
posesión del inmueble desde el 1 de enero de 1970, falso, la Marina
ocupó el inmueble hasta fines de 1999. El Código Civil establece que
para reclamar la adquisición de un inmueble por usucapión debe haber
trascurrido al menos 10 años de posesión ininterrumpida de quien
demanda. La Armada estuvo allí hasta 1999 y el juicio de mensura se
inició en 2005, seis años insuficientes para que la familia Riquelme
pretenda derechos de usucapión.

Campos Morombí falseó los hechos a sabiendas, pues en 1982 el
Comandante de la Armada remitió una nota al mismo Blas Nicolás Riquelme,
solicitándole permiso para abrir un camino en la finca de Campos
Morombí, para que la Armada acceda a la ruta desde el inmueble que hoy
Campos Morombí nos dice que posee desde 1970.

LIPSA, al contestar la demanda, comunicó al Juez que esas tierras
fueron donadas al Estado en 1967, el cual aceptó la donación por Decreto
29.366/67, además le comunicó que la Armada tomó posesión del inmueble
en forma efectiva, pero que el Estado nunca inscribió la trasferencia.

El Juez, como correspondía, ordenó notificar la demanda al Estado, pero
Campos Morombí se opuso y el Juez, fuera de toda lógica, revocó su
resolución y el Estado fue excluido del juicio, quedando así libre el
camino para que la empresa de la familia Riquelme litigue con “arco
libre”.  El juicio se llevó adelante tan eficientemente, que cuando se
dictó la sentencia aún se estaban diligenciando pruebas (¿?).

Así las cosas, el Juez Carlos Goiburú otorgó la propiedad de la finca a
la firma demandante y excluyó al Estado haciendo caso omiso del decreto
que aceptaba la donación.  

El Estado se presentó en 2006 e intentó anular el juicio por no haber
sido parte. Pese a que era muy claro que podía tener derechos que
reclamar, el Juez José Dolores Benítez (el mismo que luego ordenó el
allanamiento de la finca y que fungía de Juez de Garantías en la causa
de la masacre hasta que fue recusado) rechazó el pedido de la
Procuraduría, la Procuraduría apeló, pero sin explicación alguna
desistió de su apelación, esto ocurría poco antes de agosto de 2008. En
otras palabras, el mismo Estado renunciaba a ser parte en el juicio
cuando estaba a punto de asumir Fernando Lugo como presidente de la
República.

Ya hemos explicado en otro artículo publicado en Viento Fuerte *2, que
Campos Morombí litigó denunciando un número de finca que le correspondía
a otro inmueble y que el Juez José Dolores Benítez “rectificó” la
Sentencia Definitiva, modificando el inmueble objeto de la litis, sin
que esta figura de “rectificación de sentencia” se halle prevista en el
derecho procesal paraguayo.

La Ley faculta a quien considere que se ha dictado Sentencia en un
juicio en el que debía haber sido parte, sin que se le haya escuchado, a
plantear una acción autónoma (un nuevo juicio) para que se anule la
Sentencia.  Como el Estado no fue parte en un juicio en el que se
discutía la propiedad de un inmueble que le pertenece desde 1967, en
2009 y 2012 la Procuraduría General y el INDERT, respectivamente, han
planteado dos Acciones (diferentes) Autónomas de Nulidad que se
encuentran pendientes de resolución.

La demanda promovida por la Procuraduría General de la República se
encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia y la
promovida por el INDERT, ante un Juzgado de Primera Instancia. En
ambas, LIPSA se allanó al pedido del Estado alegando que esas tierras le
fueron donadas en 1967, pero Campos Morombí se opuso tenazmente a que
la demanda sea siquiera analizada, alegando que el Estado no tiene
derechos sobre ese inmueble y no es parte en el juicio.
 Posiblemente estas Acciones Autónomas habrían sido rechazadas sin que
nadie se entere, si en Marina Kue no se producía la terrible masacre del
15 de junio de 2012.

Volviendo al Juicio por la masacre, el Fiscal Rachid acusó a varios
campesinos por tentativa de homicidio doloso, pero también por invasión
de inmueble ajeno. Para determinar si el inmueble era ajeno, es vital
que primero concluyan las Acciones Autónoma de Nulidad que hemos
explicado. Eso es lo que solicitamos al Juzgado y eso es lo que se
pretende evitar, pues si se ventila en un juicio oral …y no cualquier
juicio oral, sino que va a ser trasmitido por toda la prensa nacional y
algunos medios de exterior, la forma fraudulenta en que algunos sectores
se apoderan de las tierras de Estado, podríamos estar abriendo una caja
de pandora con consecuencias insospechadas ¿Cuántos juicios con
procedimientos amañados, sentencias rectificatorias y hechos
notoriamente falsos hay? No podemos ni imaginar cuántas irregularidades
groseras encontraremos si se permite este antecedente.

Es por eso que cuando, unos días antes de la audiencia preliminar,
solicitamos la suspensión de una audiencia en el juzgado de Curuguaty
porque nos fue notificada un sábado y la audiencia estaba fijada para el
lunes siguiente, la Juez, a pedido del fiscal suspendió la audiencia,
pero también a pedido del Fiscal, dispuso remitir los antecedentes a
Superintendencia de la Corte para que inicien un sumario (otro) a los
abogados defensores. Nunca en mi vida profesional me han amenazado con
sumariarme por haber solicitado algo en el proceso, que se me concedió.
Era una señal de que la preliminar se iba a realizar a cualquier costo.

Como ya se explicó, se abrió la etapa intermedia antes de culminar la
etapa preparatoria, algo que un estudiante de cuarto curso sabe que
anula todo el juicio, no se hizo para condenar a nadie ni para demostrar
algo, se hizo intencionalmente para producir la nulidad y evitar que
estos temas vinculados a la forma fraudulenta en que poderosas empresas
se quedan con tierras destinadas a la reforma agraria se ventilen en una
audiencia pública, muy púbica me atrevería a decir.

Para ciertos grupos es preferible que no se investigue una masacre si
esto va a dejar en evidencia que el Poder Judicial y gran parte de la
estructura del Estado se encuentra a sus servicios en forma descarada.

* Abogado defensor de los/as campesinos/as acusados/as  por el "Caso Curuguaty"
*1. Artículo 12. INOBSERVANCIA DE LAS GARANTÍAS. La inobservancia de un
principio o garantía no se hará valer en perjuicio de aquel a quien
ampara. Tampoco se podrá retrotraer el procedimiento a etapas
anteriores, sobre la base de la violación de un principio o garantía
previsto en favor del imputado, salvo cuando él lo consienta
expresamente.
*2. http://www.vientofuerte.com/articulo.php?art=22220#.UbftVfm9T0I