Colombia: La guerra en territorios indígenas

LA GUERRA EN TERRITORIOS INDÍGENAS

Aplaudir, marchar, proponer, respaldar los
diálogos de paz que se realizan en La Habana, como la más grande oportunidad de
ponerle fin al conflicto armado e iniciar una era de construcción de la paz en
paz, significa también colocar  en el
debate público los temas más álgidos.

 

 

¿Qué está pasando en el Cauca desde donde
llegan noticias alarmantes de asesinatos y cartas llenas de denuncias o  polarización y desde, el lado de los armados,
llenas de amenazas y acusaciones mortales contra dirigentes indígenas? Los
pronunciamientos de la ONIC y desde otras regiones, indican que el choque con
las FARC involucra a las organizaciones más representativas de los indígenas en
toda Colombia y que lo que está en juego incluye asuntos trascendentales
relativos a los derechos territoriales de las comunidades étnicas, al respeto
de su autonomía, autoridades, cultura y jurisdicción como pueblos y entidades
territoriales.

 

La controversia que se realiza en medio de
remicriminaciones, asesinatos y agresiones, toca la agenda de La Habana en
temas como el momento del cese de hostilidades, las  Zonas Interétnicas o procesos de  Zonas de Reserva Campesina en sus
interrelaciones o traslapes con territorios ancestrales o de resguardos.

 

Mientras se llevan a cabo las
conversaciones hacia un pacto de paz, rodeadas por la esperanza de la mayoría
los colombianos, las operaciones de guerra se intensifican en regiones
criticas, conllevando graves abusos en contra de la población civil y en
particular contra campesinos, indígenas y afrodescendientes.

 

Así, las comunidades resisten y apelan para
ello al ejercicio de su autoridad y también a exigencias desde el derecho
humanitario y de cese de toda acción armada  
en sus territorios como cuota o parte de un cese bilateral de hostilidades.  La demanda indígena a todos los armados es
sencilla: no matar civiles, no matar lideres espirituales, no señalar como
objetivos militares a dirigentes, no ocupar territorio de propiedad privada
étnica, respetar los derechos de los pueblos, los derechos territoriales y la
autonomía  en los territorios colectivos
tal como es reconocida en normas nacionales e internacionales.  Son demandas compartidas por organizaciones
afrodescendientes y por muchas comunidades campesinas afectadas durante
cuarenta años de confrontaciones.

 

HECHOS RECIENTES

 

El hecho más reciente de enfrentamiento
entre los indígenas del Cauca y las FARC ha sido por  el asesinato del líder Benancio Taquinas,
muerto el 18 de abril de 2013 en la vereda Barondillo del resguardo de Jambaló,
y el posterior juzgamiento, y condena a 40 años de cárcel, “bajo la modalidad
de patio prestado”, a dos milicianos de esa organización acusados del crimen.
(CRIC: Comunicado 1 de mayo)

 

El juicio fue realizado el pasado 29 de
abril siguiendo las reglas y atribuciones de la jurisdicción indígena que forma
parte del ordenamiento jurídico del Estado Colombiano. El tribunal estuvo
conformado por los gobernadores de los Cabildos de Toribio, Jambaló, San
Francisco, López Adentro  y contó por las
autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca; durante los días
anteriores se realizó la captura de seis 
presuntos responsables y se allegaron las pruebas que fueron presentadas
por el Comité Jurídico ante el Tribunal observado por una asamblea en la que
participaron cerca de 3.000 comuneros.

 

Comunicados firmados por la ACIN, el CRIC y
la ONIC, que se hizo presente representada por su Consejero Mayor, informaron
sobre el juicio y condena a los milicianos de las FARC y responsabilizaron a
los altos mandos de esa organización por ese hecho y por la cadena de
asesinatos de lideres y médicos tradicionales. A juicio de los indígenas las
agresiones armadas a las comunidades y en los territorios colectivos, son
consecuencia y parte de la política de la guerrilla y de las Fuerzas Armadas
estatales de controlar el territorio para sus propios fines y aún a costa de la
destrucción de comunidades, autoridades y planes de vida.

 

“Durante el año 2012 y en lo que va corrido
del 2013, las FARC, han asesinado solo en el Norte del Cauca a 65 comuneros
indígenas, entre ellos 4 mayores espirituales con la excusa de ser
colaboradores del actor armado contrario, de igual manera la fuerza pública
asesino a tres comuneros del territorio ancestral Sat Tama Kiwe de Caldono,
presentando estas acciones como un simple error militar. Para la fuerza pública
y la insurgencia los intereses políticos y económicos se sobreponen a la vida
de los pueblos” (CRIC, 1 de mayo 2013)

 

RESPUESTAS FARC

 

La respuesta escrita de las FARC a los
comunicados de la ACIN y el CRIC no se hizo esperar. El 4 de mayo se conoció la
carta del Bloque Occidental en la cual no solo rechazan el juicio y condena a
los milicianos sino que ordenan a sus estructuras que actúan en territorio de
propiedad colectiva indígena y en medio de las comunidades “no dejarse desarmar
ni detener” por la Guardia Indígena y señalan a algunos de los más conocidos
dirigentes de la ACIN como enemigos y aliados de las Fuerzas Armadas.

 

La Carta enviada el 12 de mayo por
Timochenko,  Comandante de las FARC,
utiliza un tono menos pugnas y propone un dialogo directo para buscarle
solución a los problemas pero, como han indicado las autoridades de la ACIN y
del CRIC, al mismo tiempo rechaza el juicio realizado, señala que los
reglamentos  de las FARC priman sobre la
jurisdicción indígena, alega la inocencia de los milicianos condenados y de
manera expresa valida el asesinato del The Wala Benancio señalándolo como
informante del Ejército y de la Fuerza Aérea. (Ver: Timockenko mayo12 en
www.indepaz.org.co ).

 

ANTECEDENTES

 

El asesinato de indígenas desarmados y la
incursión de la guerrilla, las unidades de guerra de las Fuerzas Armadas o los
paras en territorios de propiedad privada colectiva, ha sido motivo de una
larga resistencia y de exigencias de respeto a derechos territoriales. En
ocasión de cada grave agresión las organizaciones y autoridades de los Cabildos
han reiterado sus criterios y reconstruido la cronología de los abusos. ( ver
carta a Timockenco de mayo de 2012).

 

Además de los asuntos humanitarios de
respeto a la vida y a las normas del Derecho Internacional Humanitario, lo que
está en el centro de estas controversias son los derechos territoriales de los
pueblos étnicos y el respeto a su autonomía, organización y autoridades. Así
lo  han señalado en cada situación extrema,
como ocurrió con la ocupación y terror contra el pueblo AWA y en la larga lista
de agresiones que reseña la ONIC en su informe sobre derechos humanos.

 

Para la guerrilla y las fuerzas del Estado
han primado los intereses de control territorial y de apoyo social para la
guerra, sobre los derechos territoriales y étnicos. Por ello el gobierno hizo
reservas a la Declaración de la Naciones Unidas que obliga a la no
militarización de territorios y a la consulta previa para operaciones o
instalación de bases de contrainsurgencia.

 

La guerrilla ha hecho declaraciones
generales sobre el  respeto a las
autoridades pero las señala de colaboradoras del enemigo cada vez que asumen
posiciones de rechazo al reclutamiento de indígenas o de utilización de
espacios de la comunidad para operaciones armadas, de apoyo logístico o de
economías  de guerra con cultivos o
actividades licitas o ilícitas. Los argumentos para confrontar a las
autoridades y líderes que se les oponen, son recurrentes en calificativos
desde  “malos dirigentes”, manejados por
terceros hasta colaboradores con las fuerzas enemigas.

 

Todas las tensiones se han exacerbado en el
sur occidente y en especial en los corredores que van desde la cordillera
central al pacifico en el sur del Valle y norte del Cauca, a  raíz de la ofensiva de las fuerzas armadas en
desarrollo de los planes de control y consolidación de territorios, que cuentan
con el apoyo de los Estados Unidos. (www.indepaz.org.co/CCAI).

 

En los últimos tres años las
confrontaciones han ido en ascenso y también los conflictos con las autoridades
y lideres que rechazan por igual la presencia de armados. La disputa por el
control de estos territorios obedece no solo a la geopolítica del conflicto
armado sino también a intereses de grandes inversionistas que quieren adelantar
proyectos mineros y petroleros en las cordilleras y asegurar tanto los valles
interandinos como las costas del pacífico y cuencas de los grandes ríos de esa
región.

La ofensiva militar en  el norte del departamento del Cauca y sobre
la cordillera central desde los limites del Valle y Tolima hacia el Macizo
colombiano en las fronteras de Nariño, Caquetá y Putumayo, ha sido una de las
prioridades desde finales del gobierno Uribe y se ha acentuado con Santos a la
par con el repliegue hacia el sur por parte de 
las FARC y de los mandos del Secretariado.  Para las comunidades, esta evolución  del escenario central de la guerra ha significado
militarización sin antecedentes y también activación de todas las estructuras
de la guerrilla para mantener corredores de movilidad y de control territorial.

 

Las posturas tradicionales de las
comunidades en oposición a la transformación de su entorno en campos en
disputa, o la oposición al reclutamiento, 
al minado  o a la instalación de
bases o campamentos de guerra, las coloca entre dos fuegos. En los territorios
de la confrontación armada cotidiana, el lenguaje  ha sido siempre “conmigo o contra mi”. Así el
líder que  allí rechaza la guerra es por
lo menos un obstáculo; quien simpatizaba y cambia de postura ante el horror de
atropellos o crímenes atroces es 
señalado y para la guerrilla es un traidor; los contradictores públicos
son idiotas útiles del enemigo y pasan con frecuencia a la categoría de
informantes. Así se llega al borde de la orden de disparar o al ambiente
propicio para que cualquier mando de escuadra o de milicia se sienta autorizado
para fusilar: traidor, informante o sapo ha sido  el calificativo suficiente para justificar un
juicio sumario o una ejecución.

 

El balance de muerte que hace la ONIC a
nivel nacional y el que hace el CRIC en el Cauca, indica que la situación es de
gravedad extrema. ( Ver documento de la ONIC)

 

LA CRISIS HUMANITARIA Y EL DEBATE SOBRE LAS
ZRC

 

Al calor de la crisis humanitaria y de los
señalamientos  a algunos de los más
importantes dirigentes indígenas del norte del Cauca, como Feliciano Valencia y
Alcibiades Escue, se han cruzado numerosas cartas que retoman las  viejas diferencias y conflictos territoriales
o los debates por la iniciativa de las FARC de ganar comuneros para sus filas y
confrontar desde adentro a las autoridades indígenas que no les son afines. La
influencia de las FARC en procesos de las ZRC que se traslapan con territorios
étnicos  también ha vuelto a ponerse en
la agria controversia y ha merecido el rechazo de ANZORZC por el uso de
términos en uno de los  comunicados del
29 de abril desde Toribio que acusa a las FARC de utilizar ZRC para confrontar
la organización indígena. Con razón ANZORZC rechaza cualquier señalamiento que
de argumentos para la identificación de las ZRC con aparatos de las FARC y
justifique practicas habituales de tratamiento como objetivos militares y de
persecución y asesinato de lideres campesinos.

 

En el debate sobre las ZRC la ACIN ha
respondido a la protesta de ANZORC haciendo aclaraciones que pueden ayudar a
colocar los conflictos inter étnicos  un
terreno de diálogo:

 

“Sirva la ocasión para reiterar nuestra
posición sobre las Zonas de Reserva Campesina ZRC, que impulsa un sector del
movimiento campesino. Debemos recordar que el movimiento indígena fue uno de
los promotores de esta figura jurídica de protección en los años 90s. En el
congreso de ANZORC de 2012 la ACIN y el CRIC ratificamos nuestro acuerdo con la
misma, obviamente llamando al respeto de los territorios ancestrales afros e
indígenas”.

 

“Para nosotros es claro que las ZRC no son
una iniciativa insurgente. Condenamos los señalamientos que el ministro de
Defensa y sectores de la derecha hacen contra las ZRC y la Marcha Patriótica;
si un actor social o político tiene propuestas coincidentes con las de las
FARC, eso no lo hace ilegal; de hecho, muchas de nuestras propuestas han sido
acogidas en la mesa de La Habana. Incluso las coincidencias políticas con la
insurgencia no convierten a nadie en un actor armado; son parte de las
libertades que reclamamos para todo el movimiento popular incluidos los
indígenas. Eso sí, quienes actuamos en la legalidad tenemos el deber de exigir
a los actores armados no intervenir en los conflictos que se presentan entre o
al interior de las organizaciones populares, ni promover con la fuerza de las
armas iniciativas o propuestas que también defendemos, pues eso inevitablemente
termina afectando a las comunidades que legítimamente las promueven. Quienes
compartimos el propósito de terminar el conflicto armado debemos pronunciarnos
en favor del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, afros y
campesinos”. (ACIN, 21 de mayo 2013)

 

DIALOGOS URGENTES

 

Todos los implicados en la crisis
humanitaria en territorios indígenas y, en particular en el Cauca, se han
pronunciado a favor del diálogo directo para abordar los problemas y evitar el
escalamiento de la violencia verbal o física. La carta de Timochenko del 12 de
mayo, no obstante ausencias o silencios, abre una puerta en esa dirección y
ojalá sea  interpretada como una señal a
sus estructuras para desactivar cualquier acción armada en contra de los
líderes acusados.

 

Los tan mencionados diálogos exigen
escenarios distintos, fortaleciendo por ejemplo la comisión inter étnica
acordada en el II Encuentro Nacional de ZRC realizado en Corinto en 2012 o
espacios de unidad como el conformado en ocasión del Foro sobre desarrollo
rural en diciembre  de 2012. 

 

La ONIC y el CRIC han propuesto una agenda
para los diálogos con diversos actores en carta dirigida el 20 de mayo  a la mesa de conversaciones en La Habana. En
alguno de sus apartes plantea:

 

“A LAS FARC:

 

Realización de acercamientos humanitarios
de la Guerrilla con autoridades 
indígenas, en la María, Piendamó, o en otro territorio ancestral en
Colombia (o, de no ser ello posible, en uno de los países acompañantes del
proceso de paz), para tratar la grave problemática de infracciones al DIH. En
la búsqueda de:

 

Compromiso de las FARC con la observancia y
cumplimiento del DIH en tanto dure el conflicto. Compromisos en torno a minas
anti-persona (No utilización y ubicación y señalización, desde ya, de sitios
donde se encuentran estas, para su desmonte). Compromiso de no reclutamiento de
niños y niñas y vuelta a casa de los ya reclutados, sin esperar  al acuerdo general con el gobierno nacional.
Compromiso de no utilización de la violencia sexual dentro de la guerra y
seguimiento y control cierto para que esto no suceda. No realización de
acciones militares contra la población civil, ni contra sus bienes privados o
públicos. Cese de asesinatos a comuneros(as) y autoridades indígenas, y de
amenazas y desplazamientos”.

 

“A LA MESA DE LA HABANA EN CONJUNTO.

 

a)    
Definir ruta de dialogo político y participación de nuestras
organizaciones y autoridades en lo referente a los puntos que se estén tratando
en la Habana y que tengan que ver directamente con las comunidades indígenas,
como los siguientes:

 

Reinserción de excombatientes indígenas a
sus comunidades. Los relacionados con ordenamiento territorial social,
ambiental, del país. Consulta para garantizar el respeto a la territorialidad
indígena y evitar traslapes entre diferentes territorios colectivos por
constituir.  Temas como zonas de reserva
campesina, territorios multiétnicos, territorios para la vida o para la
minería, gobiernos territoriales, autonomías territoriales, etc. Recursos para
reforma agraria e inversión socioeconómica. Cultivos de uso ilícito y economías
alternativas indígenas, campesinas y afro descendientes. Participación
política. Garantía de respeto desde los movimientos políticos constituidos como
resultado de procesos de paz a la autonomía indígena, autoridades tradicionales
y procesos propios”.
http://www.cric-colombia.org/portal/carta-al-gobierno-nacional-y-las-farc-frente-a-los-dialogos-de-paz-en-cuba/

 

Con seguridad las FARC tienen otros asuntos
en la agenda para eventuales diálogos con las autoridades indígenas y criticas
al enunciado de temas de la ONIC y el CRIC. La aceptación de una mediación para
construir un escenario útil y la apertura de una cita con la mesa de La Habana
podrían ayudar a buscar compromisos de aplicación inmediata que estén alineados
con los propósitos de avanzar hacia la paz.

 

Pero mientras se sientan a conversar en
algún lado, y sin mediar ninguna condición, nada justifica postergar
pronunciamientos y compromisos unilaterales de rechazo a cualquier agresión violenta
contra civiles, personas inermes o en condición de indefensión. El derecho a la
vida no puede estar en discusión.

 

Camilo González Posso, Bogotá D.C.  22 de mayo de 2013-- :: Bitácora en www.rafaeluzcategui.wordpress.com :
Twitter: @fanzinero