Perú: Socavando la Justicia

Con el aumento cada año de la demanda mundial de recursos naturales, algunas de las comunidades más pobres del mundo tienen que luchar duramente para proteger su medioambiente y su forma de vida. Cuando las protestas y la acción directa no funcionan, muchos intentan obtener una compensación a través de los tribunales.
Sin embargo, cuando las multinacionales deciden que los costes de la resolución de dichos casos son bastante menos que los grandes beneficios que están al alcance, ¿se está en ese caso socavando la justicia?

En lo alto de los Andes del norte de Perú, entre los bosques nublados, altos páramos y tierras fértiles, se encuentra el pueblo de Huancabamba y la cercana comunidad agrícola de Segunda y Cajas. Sin influencia de la industria moderna, la población local vive casi exclusivamente de la agricultura, aprovechando los ricos suelos y las fuentes de agua dulce para poder comer y para vender sus productos a las poblaciones de las tierras bajas.
En 2002, la forma de vida de esta comunidad, más o menos inalterada durante siglos, dio un vuelco con la llegada de la empresa minera británica Monterrico Metals. Monterrico, una empresa minera con sede en Londres, había obtenido concesiones del gobierno peruano para empezar los trabajos de exploración y desarrollo de una enorme mina a cielo abierto de cobre fundido llamada Río Blanco; un proyecto programado para durar 20 años o más.
En 2005, las comunidades locales marcharon en la mina en protesta por los planes de la empresa.
Según los presentes, la concentración había sido planeada como un acto pacífico, pero tuvo lugar un enfrentamiento con la policía en el que algunas personas fueron heridas.
Veintiocho manifestantes fueron detenidos en el lugar durante tres días y, según activistas, fueron humillados y torturados por las fuerzas de seguridad. Con pocas probabilidades de obtener compensación alguna en Perú, las víctimas demandaron a Monterrico en el Reino Unido con la ayuda del despacho de abogados Leigh Day and Co., alegando que la empresa había sido cómplice en el asunto.
Pero a pesar de las buenas perspectivas, el caso fue resuelto por Monterrico el año pasado, justo antes de llegar a juicio. Lo que quiso decir que las víctimas sí que recibieron algún tipo de compensación; pero los problemas más amplios que estaban luchando por revelar, nunca fueron manifestados en una audiencia pública.
El caso es un ejemplo interesante de una tendencia que va en aumento. Cada vez más las empresas multinacionales responden de esta manera a los retos legales. Los costes de resolución pueden ser altos, pero suelen ser bastante menores de lo que serían en caso de un veredicto negativo. Y lo que es más importante, da a las empresas, y a sus abogados, el control del debate público.
Sin embargo, esto plantea una inquietante pregunta: Si las empresas están dispuestas a hacer cualquier cosa para evitar acercarse a un tribunal, ¿cómo pueden los pueblos indígenas hacer valer sus derechos?
El cineasta Michael Watts viajó a Perú y produjo un documental sobre este caso que puedes ver aquí:
http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2012/05/2012531182946...