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¿Es un rescate o una multa?

Una rareza en los principios legales en Eritrea

Miles de hombres y mujeres jóvenes han huído de Eritrea y pedido asilo en los países vecinos como Sudán, Libia y Etiopía y países europeos y en EE.UU. Algo que aumentó notablemente tras la guerra entre Eritrea y Etiopía de 1998 a 2000 y las abiertas acciones represivas del actual gobierno de Eritrea.

Esta huída masiva de hombres y mujeres jóvenes se produce para evitar el reclutamiento forzoso o tras desertar del ejército. El servicio militar, obligatorio para todos los hombres y mujeres de entre 18 y 40 años, se ha prorrogado indefinidamente del periodo de 18 meses establecido por una normativa de 1994. Además de las excesivas violaciones de los derechos humanos de los reclutas, el servicio consiste en servicio militar y proyectos de construcción relacionados con el ejército.

El derecho a la objeción de conciencia al servicio militar no está reconocido por las autoridades eritreas. Hay frecuentes redadas para capturar a los que evaden el servicio y a los desertores. Una vez en poder del ejército, los desertores afrontan detenciones arbitrarias indefinidas, torturas, maltratos y en ocasiones ejecuciones a manos de sus superiores. Estos son métodos utilizados regularmente en las fuerzas de defensa eritreas como castigo por la evasión, deserción y otros delitos militares. Sin embargo, ninguna de estas medidas detiene la deserción y evasión del ejército de estos hombres y mujeres.

La última medida que el gobierno aplica es detener a los padres de los desertores y evasores como rehenes y obligarles a pagar dinero. Para un gobiernos que depende de transferencias del extranjero para sus monedas fuertes, tal medida parece ser lucrativa. Pero lo más duro es que la mayor parte del los evasores no tienen ocasión de alcanzar países donde podrían envíar el dinero del rescate para liberar a sus padres detenidos. La mayor parte de los evasores se quedan en países vecinos como Sudán y Etiopía atrapados en campos de refugiados y dependen para su sustento de organizaciones internacionales humanitarias y de ayuda a refugiados.

Según el servicio de noticias Nº 329 de Amnistía Internacional, el gobierno eritreo detuvo en diciembre de 2006 a unos 500 parientes, la mayoría padres y madres, de jóvenes que han desertado o eludido el reclutamiento. Los detenidos fueron los padres, madres u otros parientes de hombres y mujeres de más de 18 años que no se han presentado al servicio militar desde 1994, no han asistido al último curso escolar obligatorio en el campamento militar de Sawa, han abandonado su unidad militar, o salido del país ilegalmente. Los familiares han sido acusados de facilitar la evasión del reclutamiento o su salida al extranjero.

Las últimas detenciones han tenido lugar en las poblaciones de la Región Central alrededor de Asmara, la capital, en una redada que comenzó el 6 de diciembre de 2006. Desde que instituyó la política de detener a los padres y madres por los presuntos delitos de sus hijos e hijas, el gobierno ha estado basándose en los informes de los oficiales locales (zoba) para realizar sus redadas.

Ninguno de los detenidos ha sido acusado de un delito o llevado ante un tribunal dentro de las 48 horas que estipula la Constitución y las leyes de Eritrea. Las autoridades han establecido que los detenidos deben o sustituir a los reclutas o pagar una multa de 50.000 nafka (aproximadamente 1000 €) por cada hijo desaparecido. Si se niegan a cumplir o pagar el dinero, se enfrentan a un encarcelamiento por tiempo indefinido. Algunas familias pueden ser obligadas a pagar por dos o tres de sus hijos desaparecidos.

De la misma manera, en julio de 2005, varios cientos de familiares de personas que habían desertado o eludido el reclutamiento militar obligatorio fueron detenidos en la zona sur de Eritrea (Debub). Fueron mantenidos incomunicados, muchos en duras condiciones y con riesgo de torturas o malos tratos.

La Iniciativa Antimilitar Eritrea ha estado denunciando la detención ilegal de padres y madres de los evasores al ejército. Nuestra iniciativa cree que el principio de responsabilidad penal personal, según el cual nadie puede ser castigado por un acto del que no es personalmente responsible, es un principio fundamental legal que se recoge en toda la legislación internacional de derechos humanos. Estas detenciones de padres y madres de evasores al ejército violan este principio, y especificamente el derecho a la libertad y seguridad de la persona y el derecho a no ser sometido arbitrariamente a detención o prisión contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de los que Eritrea es parte.

Abraham G. Mehreteab
Eritrean Antimilitary Initiative
Mühlgasse 13, 60486 Frankfurt main
Web www.eritrean-ai.com